Horas después de la tragedia, todavía en la remoción de escombros y buscando señales de vida entre edificios derruidos, el debate se instaló en la opinión pública: ¿a qué están dispuestos los políticos en un momento de extrema emergencia nacional como el actual? ¿Donarán parte de los recursos públicos que reciben los partidos políticos? ¿Limitarán el gasto de campañas electorales y los canalizarán a la reconstrucción? ¿Harán algún gesto con su salario, donar una parte a aquellos que más están sufriendo? La petición tiene sentido, aunque reproduce la misma relación perversa entre la clase política y la ciudadanía que tiene a nuestra democracia en los niveles más bajos de legitimidad de su corta historia. Me explico. No sé si por nuestra cultura judeocristiana, pero estamos más acostumbrados a pedirles a los políticos donaciones o dádivas, que exigir derechos. Durante esta semana, en mi espacio de la radio, recibí cientos de mensajes pidiendo que los políticos donarán una quincena de sueldo, que se bajaran el salario como gesto solidario frente a la tragedia o que entregaran una parte del dinero que reciben los partidos políticos. Todo comenzó con el video de Andrés Manuel López Obrador donde pedía al INE canalizar recursos de Morena para la reconstrucción nacional posterior al temblor, y le siguieron desde gobernadores, hasta integrantes de gabinete, diputados, presidentes de partidos, etc. La petición a la clase política no debe partir de la dádiva o la cesión. No puede girar en torno a una especie de caridad frente al desastre. No, la exigencia tiene que ser: renuncien de fondo a los privilegios y prerrogativas excesivas, pero háganlo estructuralmente y de una vez y para siempre. Y no por la tragedia, sino por la democracia y la construcción de un país de iguales. Un país de derechos y no de caridad. Si no modificamos el incentivo, a lo que estamos abocados es a una democracia de súbditos en donde las dádivas y las limosnas sustituyen a los derechos. La solidaridad es un principio social, la rendición de cuentas y la obligación son sus contrapartes en los gobiernos. Cambiar nuestro chip, para dejar de ser una sociedad que exige dádivas y apoyos, y convertirnos en una ciudadanía que exige derechos-educación pública de calidad, salud pública universal, espacios públicos dignos, austeridad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, seguridad pública eficaz-, es el paso más importante que hay entre una democracia de baja calidad y un sistema democrático sólido y representativo. Una sociedad que exige gestos, dádivas o solidaridad a sus gobernantes en una tragedia, es también un cuerpo social que pinta la cancha que necesitan los políticos para “lucirse” cada que un acontecimiento desafortunado toma lugar. Los derechos, entre los que está una reconstrucción digna posterior a los terremotos y que el dinero de los impuestos se invierta en las necesidades de la ciudadanía, no tiene que ver ni con dádivas ni con cesiones ocasionales, sino con una obligación de aquellos a los que le toca administrar el 30% del PIB desde el Gobierno. El oportunismo político es posible sólo en una sociedad con poca conciencia de sus derechos y obligaciones.
