La sumisión del ejercicio del poder público a las normas constitucionales es la piedra angular de la democracia liberal respetuosa de la dignidad personal. El respeto a los derechos humanos se convierte en la garantía final de la vigencia del llamado estado de derecho. La función de controlar que la actuación de las autoridades se apegue a este marco de respeto a los derechos fundamentales corresponde a los tribunales y especialmente a aquellos que resuelven cuestiones constitucionales. La crisis de impunidad que vive nuestro país se ha gestado a lo largo de décadas cuando el sistema de procuración de justicia ha buscado culpables, más que averiguar la verdad; y en donde el efecto de contar para generar percepción resulta más relevante que la aplicación de la ley con sus principios éticos implícitos. Las respuestas para modificar la estructura y funcionamiento de los sistemas de justicia han sido constantes desde la década de los años noventa del siglo pasado, pero han llegado tarde y sin suficiente profundidad. Desde las decisiones de estado que promovieron el fortalecimiento del Poder Judicial Federal, la autonomía de la Corte; las mejoras salariales, las reformas al sistema de justicia penal; la nueva Ley de Amparo; la creación de sistemas policiales más robustos; las modificaciones a las leyes mercantiles; la autonomía del Ministerio Público, hasta las más recientes reformas en materia laboral, se han enfrentado a enormes resistencias políticas que han deteriorado los resultados. Quizá el común denominador de estos obstáculos es la falta de recursos para dotar de suficiente solidez a los cuerpos de prevención, investigación y a los jueces. Dicho de otra forma el servicio público de justicia del estado mexicano se encuentra en crisis, tanto por su alcance como por su profundidad. El baño de sangre provocado por la inseguridad y la actuación a gran escala de la delincuencia ha puesto de relieve la fragilidad de las instituciones de tal forma que se considera una urgencia el proponer cambios estructurales que reviertan las tendencias.A pesar de la crisis es necesario considerar que cualquier solución que se plantee debe estar enfocada al respeto de la ley como principio. Entre las muchas razones por las que este tema es esencial está precisamente el cuidado del régimen democrático de libertades bajo el cual se erigen la mayor parte de los estados contemporáneos. El conjunto de valores expresados en los derechos fundamentales constituyen la base el funcionamiento real de criterios éticos y de legalidad internacional, de los que depende la certidumbre del respeto a la dignidad de las personas. Sin duda es necesario emprender con determinación el desafío de mejorar el servicio público de justicia, y especialmente para los menos favorecidos. Un ejemplo de esta realidad es la reforma laboral que establece la libertad de afiliación sindical aprobada hace casi un año y que a la fecha no se ha aplicado eficazmente. Las presiones de los congresistas estadounidenses y de las centrales obreras de aquella nación no se han hecho esperar, al grado que en últimas semanas se han intensificado los encuentros para explicar y dar garantías de que la reforma se traducirá efectivamente en una ampliación del ejercicio de los derechos democráticos. Y así como sucede en este campo, en materia de penal hay preocupación externa y una enorme presión interna para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Las propuestas que se planteen en el ámbito de la legislación deben considerar el asunto como una cuestión de estado, mucho más allá de los criterios de la coyuntura política, porque el acceso a la justicia de calidad y expedita es uno de los principios de la igualdad, y es quizá sea ahora mismo la necesidad estratégica más importante para fortalecer a México en esta nueva etapa de su historia.
