Tal como se esperaba porque el movimiento ya había sido anticipado por colegas de la fuente y en columnas políticas, los grupos políticos del Estado concretaron ayer un nuevo reparto de posiciones de integrantes del Poder Judicial y una posición en el Consejo de la Judicatura.En este nuevo descarado reparto de posiciones que se supone son destinadas a los impartidores de justicia más relevantes del Estado, Movimiento Ciudadano metió seis de los nueve magistrados: Adrián Talamantes, ex consejero jurídico del gobernador; José Luis Álvarez Pulido, Ana Cristina Espinoza Valadez, Georgina del Real Vizcaíno, Elsa Navarro Hernández y Ana Elsa Cortes Ureña.En tanto, en el Partido Acción Nacional (PAN) se dieron el “lujo” de designar incluso al cuñado del coordinador albiazul en el Congreso, Bogar Salazar Loza, y a José Luis Gutiérrez Miranda. Por su parte, los legisladores del Grupo Universidad empujaron como magistrada a Ruth Gallardo Vega y se quedaron además con la vacante del Consejo de la Judicatura para José de Jesús Becerra, según el puntual recuento de Mireya Blanco, cronista legislativa de Notisistema. La fracción de diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió no acudir a las sesiones de elección de magistrados al considerarlo un reparto de cuotas. “Los cinco diputados de Morena decidimos no estar presentes para no avalar esta repartición de magistraturas y del consejero, como ya es habitual con Movimiento Ciudadano y el PAN”, dijo su coordinadora Érika Pérez García.El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se excusó de participar en una de las sesiones en las que se eligió a una magistrada para no convalidar una elección que violó acuerdos legislativos, según la explicación de la coordinadora Mariana Fernández.El reparto de cuotas también fue cuestionado por las cúpulas empresariales. Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, cuestionó que el reparto de cuotas todavía sea una práctica común en el Poder Judicial. La Canaco cuestionó el reparto de magistraturas entre cuates y militantes de partidos políticos, pues esa práctica impide que lleguen los mejores perfiles.En efecto, el burdo reparto de cuotas del Poder Judicial entre las fracciones legislativas que integran el Congreso del Estado y que a su vez responden a los intereses de los principales grupos políticos, anula de facto la convocatoria que se lanza para que lleguen a esos puestos los perfiles más preparados, pues al final lo que pesa es su padrinazgo político. Este esquema distorsionado y corrupto propicia que se queden en el camino aspirantes que podrían estar más calificados, pero que no contaban con el padrino político que los respaldara, y permite lo opuesto: que lleguen a magistrados, aspirantes que no tenían calificaciones pero si un padrino adecuado.Además, este burdo esquema de reparto de cuotas en el Poder Judicial provoca una grave distorsión en la aplicación e impartición de justicia, puesto que los aspirantes que son llevados al cargo saben que deben un importante favor a su padrino político y podría ocasionar que sus decisiones como impartidores de justicia estén influenciadas por el diputado, el gobernador, el presidente de partido o ex rector universitario que lo llevó al puesto. Se propicia así un sistema de distorsión de independencia y de predisposición a decisiones discrecionales o hasta corruptas. El reparto de cuotas no es nuevo en el Poder Judicial. De hecho se puede considerar como el mecanismo tradicional de designación de integrantes de ese poder. No sólo eso. Desde hace años también se ha denunciado que algunos diputados vendieron esas plazas al mejor postor. Apenas en agosto pasado el ex dirigente estatal del PAN, Herbert Taylor, denunció a sus ex compañeros de partido de practicar ese comercio ilegal de puestos. “Chema Martínez vendiendo posiciones a cinco millones de pesos para que fuera magistrado y después su secuaz Juan Carlos Márquez haciendo lo propio. Acabábamos vendiendo las posiciones al mejor postor para que yo me beneficiara en primera persona”, dijo Taylor en una conferencia virtual reproducida por el portal La Méndiga Política.Con frecuencia se ha dicho que el Judicial es el poder público más opaco y corrupto de Jalisco. Pero sería injusto. Sería injusto porque equivale a decir que el Legislativo y el Ejecutivo no lo son o lo son menos. En realidad todo el gobierno funciona a partir de la opacidad y mediante el engranaje de la corrupción. Nadie se escapa, pero el Judicial destaca porque con frecuencia sus representantes (magistrados o jueces) están envueltos en escándalos y como ahora, sujetos a este vulgar y sucio proceso de reparto de posiciones para los personajes o grupos políticos más influyentes de Jalisco. Y al final, el reparto de cuotas los junta a todos y contribuye a la oferta de autoprotección que se conceden así mismos los grupos políticos o actores de poder más importantes del Estado.
