Lunes, 27 de Septiembre 2021

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Rebelión en el TEPJF

Por: Jaime Barrera

Rebelión en el TEPJF

Rebelión en el TEPJF

La revuelta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se veía venir desde hace al menos un año que la mayoría de las y los magistrados advirtieron las inconveniencias de la abierta sumisión del magistrado presidente José Luis Vargas a los dictados del titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

El punto de partida de los desencuentros al interior del TEPJF, que ayer ya puso al país al borde de una crisis constitucional, fue cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) acusó al presidente del TEPJF por el delito de enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de que le detectó movimientos bancarios por más de 36.5 millones de pesos que no se correspondían con sus ingresos como funcionario público ni a lo señalado en su declaración patrimonial.

De hecho, apenas la semana pasada Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, ordenó reabrir esta investigación que había sido desechada el 15 de junio pasado que otro juez determinó el no ejercicio de la acción penal, fallo que impugnó la UIF. 

Fuentes al interior del TEPJF aseguran que la reapertura de la investigación contra Vargas fue un factor clave para que ayer cinco de los siete integrantes del pleno del Tribunal Electoral removieran sorpresivamente en una sesión extraordinaria al Presidente acusado de corrupción y del que pidieron, en una sesión previa, evaluar su desempeño.

Como presidenta por ministerio de Ley por ser la decana, la magistrada Janine Otálora llevó la sesión en la que nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente interino hasta noviembre de 2023 que concluía el cargo del también conocido como “magistrado billetes”. Los allegados a la 4T reaccionaron inmediatamente en contra por la cercanía de Rodríguez con el calderonismo.

Vargas, a quien sólo apoyó la magistrada Mónica Soto, alegó que se trataba de un “golpe de estado”, los llamó a respetar el orden legal y los convocó para hoy a una sesión privada para “evitar una crisis en medio del proceso electoral” en el que están en el estudio de todas las impugnaciones postelectorales.

Lo que se espera es que hoy la mayoría de consejeros ignoren el llamado de Vargas, al que prácticamente desconocieron cuando en abril pasado fue el único que voto en contra del acuerdo que suspendía las candidaturas morenistas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no haber presentado sus gastos de precampaña, lo que confirmó la actitud de sumisión de Vargas a las directrices del Ejecutivo, al que claramente tienen sometido con la investigación de la UIF. Habrá que ver si desde el Palacio Nacional hacen algo para ayudarlo o lo abandonan a su suerte.

jbarrera4r@gmail.com

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