Para un país tan golpeado por la inseguridad y la violencia, y para muchas familias dolorosamente afectadas por las desapariciones forzadas, las décadas, que incluyen los cinco años de este sexenio, que le tomó a México tener una ley para la protección de personas desaparecidas, ha sido: demasiado tiempo.Angustia y dolor cada día, cada semana, meses, años de interminable agonía, ir y venir de un sitio para otro tocando la puerta de instituciones que se pasan el problema sin resolverlo, funcionarios que no escuchan, menos atienden las innumerables súplicas: “por favor, licenciado, ayúdeme a encontrar a mi hija...”, porque lo único que encuentran es falta de la voluntad, no sólo política, sino humana y, por sobre todo, una extendida ineficiencia. Dañina mezcla que hizo que las cifras de desaparecidos se perpetuaran. Los registros oficiales, poco confiables, hablan de más de 32 mil, pero los organismos no gubernamentales señalan que son más de 60 mil desaparecidos.Hombres, mujeres, aún adolescentes y niños, sin que el Estado hubiera cumplido su responsabilidad, en cambio cerró los ojos en terrenos donde el crimen organizado resultaba dueño y señor. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tratado de convencer a esta administración sexenal, con todas las estrategias posibles, de la necesidad de un marco legal mejorado. Ardua tarea de la ONU que tuvo reiteradas negativas gubernamentales que resultaron en el rechazo al apoyo de este organismo para la búsqueda de las personas desaparecidas.Pero por fin, luego de innumerables obstáculos y de enorme presión de organismos internacionales y de amplios sectores nacionales, el jueves pasado se promulgó la tan esperada Ley General sobre Desapariciones Forzadas. Y el presidente Peña Nieto señaló que este nuevo marco legal pone fin a décadas, incluido su sexenio, en las que no se había querido reconocer un problema que ataca a la sociedad; una ley que establece una sólida base para sistematizar el esquema de búsqueda de desaparecidos, y que está encaminada a hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas.Así, enhorabuena. Pues aunque tarde, resulta un enorme logro de la sociedad civil que involucrada a través de organismos civiles buscó todas las formas para llegar a este buen resultado. Logro porque por años, los desaparecidos estaban también borrados del sistema, era como si estuvieran ausentes, no sólo física, sino también jurídicamente.Esta ley, además, cuenta con presupuesto, si bien corto, un inicio para crear el Sistema Nacional de Búsqueda y conformar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La prioridad, de acuerdo con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Gonzáles Pérez, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los culpables, además de fincar responsabilidades y, claro, la reparación del daño a las víctimas. Pero, por sobre todo: conocer la verdad.Ahora lo que toca es la participación y el compromiso de las 32 entidades para su implementación, algo más complejo por cuanto muchos gobernadores, ¿Jalisco también?, no tienen ni la voluntad política ni el interés de entrar a temas tan espinosos... Evasiones múltiples que han creado y fortalecido una fuerte red de complicidades.Así, la promulgación de esta ley es un acierto en el páramo sexenal en materia de seguridad, pero lo que sigue es que este mismo gobierno, que hoy se pone una ‘palomita’, otorgue el permiso y todas las facilidades al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Una acción impostergable para responder a cabalidad a los mexicanos.
