A raíz de las investigaciones del Lava Jato en Brasil, se han hecho públicos actos de corrupción por parte de funcionarios de Odebrecht en toda la región. La empresa ha admitido que entre 2001 y 2016 pagó cerca de 800 millones de dólares en mordidas en 10 países de América Latina. En esos 15 años sus ventas se multiplicaron por 10, y puso en operación todo un mecanismo interno dedicado a la implementación de este modus operandi. Un estudio reciente por académicos chilenos, Nicolás Campos, Eduardo Engel, Ronald Fisher y Alextander Galetovic, muestra que al menos 2.5 mil millones de dólares de utilidades durante esos años están directamente relacionadas con contratos que se adjudicaron con actos de corrupción.Además, los académicos muestran que estas utilidades no vienen simplemente de “ganar” el contrato; es más complejo que eso. La mayor parte de las utilidades vienen de ingresos adicionales (trabajos extras y/o sobre costos) y ajustes al contrato durante el desarrollo de la obra. Es decir, en contratos obtenidos con mordidas, los funcionarios públicos eran mucho más venébolos en los ajustes y pagos extras. La capacidad de negociación de Odebrecht con la entidad pública era mucho mayor cuando el contrato tenía un orígen ilegal.Después de Brasil, Perú es sin duda el país que más en serio ha tomado este caso para ir al fondo de lo que pasó. Las investigaciones de la Fiscalía Peruana han implicado a tres ex presidentes, tiene en arresto domiciliario a Keiko Fujimori y le costó el cargo a Pedro Pablo Kuczynski y a un número importante de exfuncionarios. Esta semana se hizo público que el secretario de la presidencia de Alan García entre 2006 y 2011, habría recibido transferencias por 4 millones de dólares. La semana pasada el escándalo fue sobre el exministro de Comunicaciones y Transportes de la presidencia de Humala Ollanta, que recibió “coimas” por 1.5 millones de dólares.En otras palabras, en Lima el Fiscal lleva ya dos años trabajando para esclarecer lo sucedido y que se haga juticia. ¿Y en México? ¿No podrían la Función Pública y la Fiscalía seguir el ejemplo de Perú?
