No es ninguna sorpresa descubrir que nuestros políticos tienen agendas propias que no corresponden a las demandas de miles de ciudadanos que piden, en términos llanos, vivir en paz. A pesar de la polémica que ha causado, la semana pasada fue aprobada por la Cámara de Diputados la ley de Seguridad Interior. Ahora la decisión queda en manos del Senado y todo lo demás pende de un hilo. Mientras el Gobierno federal se preocupa por cerrar este sexenio con el “Ejército en calma”, los demás desconocemos por completo las repercusiones reales que esto traerá para la vida diaria en nuestro país. Para algunos esto es un tema de reconocer que las instituciones han fallado en hacer el trabajo por el cual les pagamos: garantizar la seguridad en el país. Para otros —los más angustiados— esto será una manera de permitir aún más violaciones a los derechos humanos. No sé a usted, pero a mí no me da tranquilidad saber que las fuerzas armadas estarán facultadas para “desarrollar actividades de inteligencia, incluyendo la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, a través de cualquier método lícito de recolección de información”. Es decir, que podrán intervenirnos cuando consideren necesario y sin tener que rendir cuentas de sus acciones. Tampoco me tranquiliza la idea de que esta ley pueda mantener al Ejército en las calles, sin límites ni criterios claros. Que la idea de un “riesgo” sea tan ambigua y permita un margen de maniobra tan amplio tanto para el Ejecutivo como para las Fuerzas Armadas. Los especialistas en seguridad y los activistas que piden una revisión de esta propuesta han sido ignorados por la urgencia del partido en el poder por atender sus propios intereses.Y mucho menos ilusiona la posibilidad de que el Presidente pueda activar protocolos de seguridad porque, como a la mayoría de los mexicanos, me cuesta confiar en su juicio. La historia nos ha demostrado con muchos ejemplos que nuestros presidentes carecen de sentido común, incluso cuando esto le afecta a su propia reputación.Definitivamente es necesario legislar las condiciones en las que opera cada uno de los elementos del Ejército Mexicano, pero como bien menciona Alejandro Hope (analista en seguridad), esta ley falla en todo lo que dice atender: ni brinda seguridad jurídica al Ejército, ni promueve que existan mejores policías, ni responde a mejorar la inseguridad, que es uno de los problemas más graves y complejos en nuestro país.El PRI vuelve a intentar madrugarnos con la aprobación inmediata de una ley que nos coloca en una posición más vulnerable. Podríamos encontrarnos justo en la puerta de un país distinto: más peligroso y violento. No queda más que hacernos presentes, manifestar esta inconformidad y exigir al Senado que no haga oídos sordos.
