Lo ocurrido en la maratónica sesión que tuvieron las y los diputados el miércoles pasado opacará sin duda los importantes avances y buenos momentos que tuvo la saliente Legislatura LXI.El volver a la lógica de los cuates y las cuotas en el nombramiento de magistrados y magistradas, que ya se había superado en la designación del auditor superior y del fiscal anticorrupción, entre otros, dejó claro que las y los legisladores no pudieron romper con la red de intereses que gravita en torno al Poder Judicial, donde reina el nepotismo y los acuerdos en lo oscurito.En su votación para nombrar a dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, las y los legisladores ignoraron el trabajo y la valoración que hizo el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de las y los candidatos que aspiraban a esa posición. Optaron por Consuelo del Rosario González Jiménez y por Daniel Espinosa Licón quienes no figuran en los once aspirantes mejor evaluados por esta instancia ciudadana que dio las mejores notas a Josselyne Béjar, Jazmin Rodríguez, Daniel Rocha, Tlacael Jiménez y José Luis Castellanos.Más grave aún fue haber hecho caso omiso de las recomendaciones del CPS para elegir a la magistrada que ocupará la tercera posición que estaba pendiente en el Tribunal de Justicia Administrativa para completar el Sistema Estatal Anticorrupción.La designada fue Fany Lorena Jiménez Aguirre que se ubicó en el lugar número 17 de los 18 mejor evaluados. Los primeros cinco empatados con 32 puntos fueron como en la otra convocatoria Daniel Rocha, Tlacael Jiménez, José Luis Castellanos, Yazmín Rodríguez y Josselyne Béjar.Se rompió así la voluntad y la apertura política que habían mostrado las y los diputados en la designación de las y los funcionarios que conforman el incipiente Sistema Estatal Anticorrupción.En ese mismo tema, las y los integrantes de la LXI Legislatura que termina su gestión el último día de octubre, no lograron irse sin la mancha de protagonizar su festín de impunidad como hace cada Legislatura. En ese sentido, no lograron romper con esa inercia de intercambiarse cuentas sucias de funcionarios y alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos, para aprobarlas sin rubor alguno en detrimento del patrimonio público y del erario.Así, de un plumazo y en fast-track las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano, del PRI, PAN, PRD y Verde, que están por dejar su curul en el Congreso local, perdonaron gastos observados por casi 176 millones de pesos en cuentas pendientes desde el 2009 a los primeros años de los trienios que acaban de concluir en 58 municipios. Los únicos que votaron en contra fueron los independientes Pedro Kumamoto y Anahí Olguín.Por su mala suerte o por la falta de influencias, las cuentas que no entraron a la lavadora de cuentas legislativas fueron despilfarros de distintos ejercicios presupuestales de La Barca, Guachinango, Teuchitlán, Tonila, Amatitán, Villa Hidalgo, Bolaños y Jilotán a los que harán cargos por casi 38 millones de pesos, que igual nunca se reintegran al erario.Mal cierre de la Legislatura LXI.
