El deseo de cambio político se acentúa en México. Según los estudios de opinión, más allá de las preferencias electorales, es evidente que la sociedad mexicana no está conforme con el desempeño de las cosas públicas.En un entorno de estabilidad macroeconómica, con un crecimiento sostenido, vale la pena plantearse cuáles son los verdaderos motores que han impulsado esta irritación colectiva. Más allá de la falta de aciertos políticos y las fallas en la comunicación de la actual administración federal, está el hecho insoslayable del crecimiento de la acción de la delincuencia en prácticamente todo el país.Desde hace algunos años, podemos decir que vivimos una crisis de los servicios públicos de justicia y seguridad pública. La demanda de estos servicios se ha multiplicado porque la sociedad exige resolver sus conflictos internos de forma expedita y, al mismo tiempo, enfrenta los desafíos de grupos que disputan la vigencia del Estado de derecho en muchos puntos de la geografía nacional.Necesitamos muchos más jueces, magistrados y tribunales eficientes. El rezago en la materia es inmenso, sobre todo, a nivel de estados y municipios. Los cambios en las leyes y procedimientos han presionado aún más al sistema que responde de forma tardía, dando muestras evidentes de las fisuras de la ineficacia y la corrupción. Lo mismo podemos decir del servicio de seguridad preventiva que brindan las policías.A pesar del crecimiento en las inversiones, equipamiento y mejora de procesos, los cuerpos de seguridad del Estado mexicano son insuficientes y son percibidos como poco confiables. Cada día suceden hechos delictivos que suman a la irritación pública, se difunden algunos que se convierten en noticias y muchos otros son ignorados, pero la sensación colectiva los registra y aumenta la percepción del crecimiento de la influencia de los grupos delictivos en las esferas políticas y de la actividad empresarial.Así un problema en la calidad de los servicios de justicia y seguridad se ha transformado en una crisis de confianza en las instituciones políticas. Ante ese hecho, muchos habitantes de nuestro país enfocan su molestia fustigando el desempeño de los responsables políticos. De forma simultánea la inconformidad se alimenta del crecimiento de las expectativas y la desigualdad social. La percepción de los servicios públicos de salud, y los mecanismos de asistencia social también muestran un deterioro porque las personas exigen mecanismos compensatorios inmediatos y ya no están dispuestos a esperar.La política social que ha tenido indudables avances en las últimas décadas, tiene aún un saldo que impacienta a quienes necesitan respaldo e irrita a la mayoría. La inequidad social se traduce también en la percepción de injusticia. La gestión política se identifica con la administración de privilegios indebidos y alimenta también el enojo.Así, la crisis la tenemos en la justicia y la seguridad y el deterioro en la operación política. El resultado es un descontento que opta por creer en los cambios como forma de corregir. Con un panorama así, las prioridades de la próxima administración están en las expectativas de resolver la crisis y revertir el deterioro; tareas nada sencillas que requerirán de una gran imaginación y capacidad. La capitalización política del desencanto implica la responsabilidad de resolver estos desafíos.
