Ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte de casi 5 mil millones de pesos de su presupuesto que les aplicó la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos 2022, y que analizarán si fue legal o no la quita de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara designados para el Museo de Ciencias Ambientales por parte del Gobierno del Estado, se abre la posibilidad de que las y los ministros pongan fin a la tendencia casi generalizada de nuestra clase política y gubernamental de ver los presupuestos públicos con una visión patrimonialista, para premiar o para castigar, y no como un asunto de Estado que se debe definir entre los Poderes de la Unión y no sólo desde el Ejecutivo.De fallar a favor del INE y de la UdeG, la SCJN estaría mandando una clara señal en contra de los manotazos presupuestales que hizo tanto el gobierno federal como el gobierno estatal en ambos casos.Como ya lo había comentado aquí, la reducción presupuestal al INE ha sido la peor embestida del gobierno de la autollamada cuarta transformación y del Presidente Andrés Manuel López Obrador que ha mantenido prácticamente lo que lleva de su sexenio desacreditando el trabajo del órgano electoral que le dio el triunfo en 2018. No corregir el castigo de la 4T al INE no sólo pondría en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato, sino la operación del INE y la democracia en este país, por las tentaciones autoritarias de que las elecciones regresen a manos del gobierno como en los más rancios tiempos priistas de los fraudes electorales.En el caso de la UdeG, como se sabe desde agosto reclama que el gobierno de Jalisco le haya quitado la partida asignada al Museo para pasarla al Hospital Civil de Tonalá, lo que ha provocado un abierto conflicto entre el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva, así como con el líder del grupo político que domina desde hace más de tres décadas la universidad, el ex rector Raúl Padilla López.Ante la falta de acuerdos, las autoridades universitarias decidieron tomar la ruta de acudir a la Corte para que sea ahí donde se defina si se violó o no la autonomía universitaria, como lo sostienen y que el gobierno alfarista niega.Fue la primera vez que la SCJN admite una controversia constitucional a una universidad pública, por lo que las y los ministros decidan será trascendental para evitar el uso faccioso y caprichoso de los presupuestos para las universidades y para todas las instituciones públicas de México. jbarrera4r@gmail.com
