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Sábado, 20 de Octubre 2018

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Investigar y resolver, sin criminalizar

Por: Jaime Barrera

Investigar y resolver, sin criminalizar

Investigar y resolver, sin criminalizar

En el pecado llevan hoy la penitencia. Los descuidos de años en el tema de seguridad fueron aprovechados con creces por la delincuencia para empoderarse, a golpe de balas y billetes, y encontrar socios empresarios, corromper autoridades y mandos policiales para manejarse con soltura por el amplio manto de impunidad del que gozan.

Ese amplio margen de acción le ha permitido al hampa diversificar sus actividades ilícitas aparte del cultivo y trasiego de drogas: el cobro de derecho de piso, el asalto, el robo de gasolina, el cobro de cuotas en las aduanas y carreteras, el secuestro y las desapariciones. Con todo ganan dinero y crean terror. Más con esta última expresión delincuencial que tanta zozobra y dolor produce en las familias de las víctimas, por la incertidumbre del paradero de sus seres queridos. En ese descontrol los gobiernos se hacen vulnerables incluso a quien se proponga sacar raja política en tiempos electorales como los que corren, por la inseguridad desatada.

En ese contexto de desgobierno, debe ser sumamente difícil resolver y rescatar con vida a las personas desaparecidas, por más que se busquen sin descanso y se ofrezcan jugosas recompensas que nadie atiende.

En ese punto de fragilidad es donde está parado el Gobierno estatal recibiendo la muy justificada presión social el caso de los estudiantes del CAAV.

La irritación y exigencia pública para que se resuelva este caso, que trascendió ya fronteras, por sumarse al caso de los tres italianos que siguen sin aparecer, son las que paralizan y luego desbocan las acciones de gobierno para enfrentar este lamentable episodio.

Con el reclamo de no criminalizar a las víctimas, nada fácil debió haber sido para Aristóteles Sandoval y su fiscal, Raúl Sánchez Ruiz, detener a la tía de Javier Salomón, uno de los estudiantes desaparecidos, a la que acusan de lenocinio y a la que le clausuraron ya cinco estéticas masculinas en las que se presume se ejerce ilegalmente la prostitución y trata de blancas.

Con esta acusación se pretende consolidar una línea de investigación que implica presuntos antecedentes penales del propietario de la finca de Tonalá, emparentado con la tía detenida, donde hicieron la tarea los estudiantes. En esa hipótesis, esa habría sido la causa de que el grupo criminal levantara el 19 de marzo a los estudiantes, pensando erróneamente que se trataba de miembros de una banda rival.

Para hacer verosímil esta versión, será clave saber cuándo pidió la Fiscalía  la orden de aprehensión y desde cuándo la detenida había tramitado el amparo que, reclama su abogado, fue violado. El Gobierno estatal está obligado a investigar y resolver con pruebas, aun sin la aprobación de la opinión pública. La justicia no es cuestión de mayorías. Lo que es inaceptable es que se criminalice para simular una resolución del caso. Sería suicida hacerlo.

jbarrera4r@gmail.com

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