Por lo escuchado el lunes en el Encuentro Nacional para la construcción de la Paz y la Seguridad que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y donde se hizo una defensa a ultranza del proyecto de la Guardia Nacional, y por la asignación presupuestal en el tema de la seguridad, donde la única que recibe más dinero es la Secretaría de la Defensa Nacional, queda claro que la apuesta por la militarización policial del país es una decisión tomada.Habrá que ver por lo tanto, qué hace el Presidente con la promesa hecha el 21 de noviembre pasado en una entrevista con Carmen Aristegui, de que la Guardia Nacional se sometería a consulta popular, con mucho mayor rigor y legalidad que las que hizo como Presidente electo para cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y para que se aprobará su proyecto del Tren Maya, entre otros.En medio de un cierre de año con índices delictivos que han agravado la crisis de inseguridad y violencia en los primeros días del nuevo Gobierno federal, en su mensaje desde el auditorio del Colegio Militar de la Sedena, AMLO pidió evaluar en cuatro meses el resultado de su estrategia de seguridad que dejó en manos de mandos militares. Ahí mismo, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana arremetió contra los críticos de la Guardia Nacional y expresó que la fallida estrategia contra el narcotráfico de la pasada administración no representa un fracaso para el Ejército, sino para las autoridades civiles que los utilizaron. Ayer mismo, este funcionario insistió que de no aprobarse en el Congreso la creación de este nuevo cuerpo policial formado por policías militares, navales y federales, se regresará a los soldados a los cuarteles, pero advirtió que sería “irresponsable” porque no hay policías de los cuales echar mano para combatir en estos momentos a los grupos delincuenciales.Esa narrativa a favor de la Guardia Nacional se apalancó con dinero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sólo el Ejército recibió un aumento. Se le dieron 12 mil 648 millones más, lo que significó un aumento presupuestal de 11.3% al pasar de 81 mil millones a casi 94 mil millones de pesos. Al resto de las dependencias y corporaciones se les redujeron las participaciones. Recibieron menos recursos para seguridad los municipios y los Estados, la Marina, la Fiscalía, la Policía Federal, Reclusorios, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Plataforma México, la Coordinación Nacional Antisecuestros y al Poder Judicial.Esta determinación, además de relegar a policías estatales y municipales, con las que sigue sin haber una verdadera coordinación pese a representar la mayor cobertura policial del país, parece dejar totalmente en manos de gobernadores y alcaldes su depuración, fortalecimiento y profesionalización.Ignora además los argumentos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la controvertida Ley de Seguridad Interior que pretendía darle certeza jurídica al actuar del Ejército en labores de vigilancia policial, que tanto fue criticada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, incluso por la bancada morenista en la pasada Legislatura Federal.Será pues una Guardia Nacional sin consulta y sorda a cualquier crítica.
