Con el debate y dictaminación de la reforma a la Fiscalía General que iniciarán en comisiones las y los diputados esta semana, inicia el desmantelamiento de la fallida Súper Fiscalía por la que apostó el Gobierno de Aristóteles Sandoval para enfrentar a la delincuencia.Los niveles insólitos de inseguridad y de violencia en los que está el Estado son la más clara evidencia que esa batalla se perdió y de muy poco sirvió fusionar la ex Procuraduría General de Justicia y la ex Secretaría de Seguridad Pública, la Policía vial, el sistema de reclusorios y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con las reformas aprobadas en febrero de 2013.Ahora la apuesta del futuro gobernador Enrique Alfaro es otra para tratar de responder a lo que es, sin duda, el mayor reclamo social de recuperar la seguridad y disminuir la violencia provocada principalmente por el poderío económico y de fuego de los grupos de la delincuencia organizada, que reclutan a miles de jóvenes que no tienen oportunidades ni de educación ni de trabajo.La aspiración social de tener una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo quedó para después y el nuevo fiscal será designado por el gobernador en turno, en este caso de una terna que Enrique Alfaro puso a consideración del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.La propuesta es separar de nuevo la procuración de justicia de las áreas de seguridad y de los reclusorios, así como crear seis nuevas fiscalías especiales: la ejecutiva de investigación criminal, la de investigación especializada, de delitos patrimoniales y financieros, seguimiento a procesos, de tortura y de adolescentes.Habrá que estar muy pendientes de la explicación a detalle de lo que persigue cada una de ellas, y si contribuye a desahogar el trabajo de los ministerios públicos que están rebasados por el alto número de expedientes y que degenera en una impunidad casi absoluta. Esta condición, no resuelta en el sexenio que termina, fue una de las causas que debilitó el fallido modelo de la Súper Fiscalía.Ahí están los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia del INEGI, que ubica a Jalisco como el cuarto peor Estado con el más bajo número de agentes y fiscales del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. La Entidad tiene 4.5 agentes sólo por arriba de México, Puebla y Sonora, y muy por debajo de Chihuahua, que tiene la mejor tasa con 24. 8 agentes del MP por la misma cantidad de habitantes.La asignación presupuestal a la Fiscalía propuesta en el proyecto de egresos del Gobierno estatal para 2019, de siete mil 869 millones de pesos de los 114 mil 850 a ejercer por el Ejecutivo, parece ser insuficiente para modificar esta condición que tiene colapsado a nuestro aparato de justicia.Por ello, en el debate legislativo que viene, las y los diputados deberán valorar muy bien el costo de la inseguridad y la violencia y convencerse que no invertir lo indispensable en esta materia nos sale más caro a todos.
