La falta de un pronunciamiento contundente que deje claro que está en desacuerdo por ser un atentado contra la vida democrática del País, ha hecho aparecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador como interesado en ver qué pasa con su amigo el gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, quien fue electo para gobernar dos años pero con una reforma a todas luces ilegal que hizo el Congreso local, pretende quedarse cinco años en el cargo que aún no asume.La tibieza con la que respondió la semana pasada en su rueda de prensa mañanera cuando se le cuestionó sobre este atentado que transgrede preceptos constitucionales, fortalece las hipótesis que ven en este episodio un experimento para medir las posibilidades de intentarlo eventualmente a nivel federal.Es por eso urgente que el Presidente se deslinde de este atropello a los votantes de Baja California, que pone en entredicho no sólo la vocación democrática de él y su partido Morena, sino también su discurso anticorrupción, ya que cada día suena más la versión de que para que esta iniciativa propuesta por la fracción morenista pasara en el Congreso, se sobornó con pagos de entre 500 mil y un millón de dólares a diputadas y diputados del PRI y del PAN, para aprobar con 20 de 21 votos la chicanada. Por lo pronto en el PAN ya iniciaron la expulsión de las y los legisladores locales de su partido que votaron a favor.El escándalo que causó esta decisión que rompe el orden democrático y republicano, pasó medio de noche la semana pasada porque todos los reflectores se enfocaron a la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y las denuncias de conflictos de interés e influyentismos que hizo. Si la salida de este funcionario afectó la credibilidad del Gobierno de la autollamada cuarta transformación ante los mercados, el sólo intento de esta acción autoritaria que se pretende concretar en Baja California se convertirá en otra señal negativa que seguirá minando la reputación del Gobierno lópezobradorista.Ese costo es demasiado alto para una apuesta que, de tan arriesgada raya en lo ingenuo, ya que es fácilmente atacable por al menos tres vías:Cualquier votante de Baja California puede impugnar esta reforma en el Congreso tramitando un amparo por la violación de sus derechos al querer ampliar el plazo de un gobernador por el que se votó sólo por dos años. Otra vía puede ser la impugnación ante el Tribunal Electoral y una tercera a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalide la reforma.Mientras eso sucede, el que llegará marcado como un antidemócrata, y hasta como corruptor será el aún gobernador electo de Baja California, que abre otro frente al Presidente y a su partido Morena.jbarrera4r@gmail.com
