La excusa del gobernador Alfaro para retirar de manera furtiva y vergonzante el antimonumento que un grupo de manifestantes había puesto para conmemorar el llamado “halconazo tapatío” es inadmisible. Se conoce como el “halconazo tapatío” al día en que policías vestidos de civil, armados con palos y en camionetas sin placas levantaron a decenas de jóvenes que se dirigían a la Fiscalía a reclamar por la represión que hubo en la marcha en protesta por el asesinato de joven Giovanni López, muerto a manos de la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Tan fue un acto de barbarie policiaca que el mismo gobernador lo condenó en su momento y explicó la acción de la Policía Ministerial diciendo que la Fiscalía de Jalisco estaba “infiltrada por el crimen organizado”. No deja de ser curioso que los que levantaron el monumento siguieran exactamente los mismos códigos que los que levantaron a los chavos aquel 5 de junios: vestidos de civil, con lujo de violencia y en camionetas sin placas. El gobernador asume la responsabilidad de este acto de barbarie. Porque eso es lo que es. No se trata de un acto de autoridad ejercido por el Ayuntamiento de Guadalajara tras razonar jurídicamente por qué debería de retirarse el antimonumento. Si realmente se tratara de una nueva política de cero tolerancia al incumplimiento de la norma, suponemos que revisarán también -y nos informarán- que las esculturas urbanas, y particularmente el tótem de la marca Guadalajara/Guadalajara, hayan cumplido con todos los reglamentos y llevado a cabo los trámites cuando se instaló y que los permisos sigan vigentes. Más allá de los reglamentos municipales aplicados con severidad, celeridad y abuso de autoridad, la pregunta de fondo es de quién es la ciudad, quién decide qué sí se puede conmemorar y qué no, quién tiene derecho a la memoria y al uso del espacio público. La ciudad está llena de marcas que recuerdan de todo, desde quién es la pandilla que manda en el territorio (nunca he visto a las autoridades combatiendo esas marcas que son en sí mismas una forma de violencia) hasta memoria de gente que murió o desapareció en un lugar específico, marcas religiosas que imploran protección, anuncios irregulares de ventas de cualquier cosa o simples expresiones artísticas que pueden o no gustarnos, pero que reflejan la identidad barrial.Seamos honestos. No se trata de la aplicación de una política de mantenimiento de orden en el Centro, ni siquiera de la aplicación de un reglamento, sino de un berrinche. El monumento no era ofensivo ni insultaba en ningún momento al gobernador, sólo le recordaba el día que su Gobierno reprimió a jóvenes manifestantes, el mismo día que él descubrió que la Fiscalía estaba infiltrada, prometió limpiarla, y no lo ha hecho.Los ciudadanos tenemos derecho a la memoria. Los ciudadanos que montaron el antimonumento tienen derecho a expresar su desacuerdo. El Gobierno y el ayuntamiento ya nos dijeron con lujo de violencia que ahí no, ¿nos podrían decir dónde sí? Porque ese 5 de junio no debe olvidarse.diego.petersen@informador.com.mx
