Nadie, excepto los directamente beneficiados, está de acuerdo con la forma en que el Congreso elige a los magistrados del Poder Judicial y otros cargos públicos. Los diputados se reparten las designaciones cual botín de guerra; ese es el primer gran acuerdo entre fracciones parlamentarias antes de comenzar cualquier legislatura y luego viene el segundo reparto dentro de los partidos (excepto claro los que tienen dueño donde el jefe se queda con todo) de manera que toda designación termina teniendo una correa que va directo a las manos de un político.Con el afán de modificar este esquema perverso, el gobernador Enrique Alfaro, a través de su operador en el Congreso, el diputado Salvador Caro, está proponiendo modificar la forma en que se elige a los magistrados del Poder Judicial para que, como se hacía antes, sea el gobernador y solo el gobernador quien tenga la atribución de proponer ternas. El argumento que van a esgrimir, ya lo estoy escuchando, es que así es como se hace a nivel federal y por lo tanto no solo es legítimo sino deseable y que el equilibrio se da en la medida en que son nombramientos por 15 años con lo que ningún gobernador tendrá control absoluto.La capacidad corruptora del Congreso es ciertamente insospechada y lo que pasa por sus manos siempre tiene un dejo de sospecha. Es gracias a este sistema de cuotas y cuates que tenemos magistrados impresentables (no voy a citar nombres, no quiero omitir a alguno de los impresentables y luego se vaya a sentir). Pero la solución no es volver al pasado, que tan de moda está decir que fue mejor. Lo que necesita Jalisco para esto que se ha dado por llamar Refundación es un sistema de designaciones públicas que permita a los mejores hombres y mujeres aspirar, legítimamente y sin necesidad de deber favores, a los cargos públicos que determina el Congreso.Está claro que los únicos poderes legítimamente constituidos y que son los que deben tener la responsabilidad final de elegir magistrados del Poder Judicial, consejeros electorales o presidente da la Comisión de Derechos Humanos, son el Ejecutivo y el Legislativo; sobre ellos debe caer siempre la responsabilidad final. Lo importante es quitarle el grado de discrecionalidad con la que ejercen el poder subiendo los requisitos de elegibilidad y obligando a los poderes a razonar sus postulaciones. Ningún magistrado o consejero electoral, por ejemplo, debería serlo sin pasar un examen de habilidades y conocimientos frente a un órgano independiente. El gobernador o el Congreso, quien lo proponga, debería, por ley, hacer una exposición de motivos y una declaración de intereses. El voto en el Congreso debería ser público y razonado y no secreto y en bloque, etcétera.Abolir el sistema de cuotas y cuates para avanzar hacia uno de designaciones públicas basada en méritos y habilidades comprobables debería ser uno de los pilares de eso que el gobernador impulsa como la Refundación de Jalisco.(diego.petersen@informador.com.mx)
