El mundo al revés: Enrique Alfaro exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo que los jaliscienses le demandamos a él tras la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno.Transcribo las palabras de nuestro gobernador: “Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Espero que la FGR y el Gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco”.Sólo le faltó añadir: “Señor Presidente, si no puede, renuncie”. Con este mensaje, el gobernador traslada el costo político a la Federación. De esa manera la “nota nacional” ya no es que en Jalisco desaparecieron cinco jóvenes inocentes sino que el gobernador exige a la Federación que actúe. Este oportunismo del gobernador lo hace caer a menudo en contradicciones. Recuerdo que días antes de asumir su mandato, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, reclamó al Presidente la figura de los delegados para atender la seguridad. Entonces acotó: “Las autoridades estatal y municipales electas no somos ‘invitados’ a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro Estado por mandato constitucional”. Ahora, en el ejercicio pleno del poder, ya no es su responsabilidad… La Ley Federal de Delincuencia Organizada indica que se comete este delito “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes”... Luego la norma enlista varios ilícitos: terrorismo, acopio de armas y tráfico, trata de personas, corrupción de menores, secuestro, contrabando, entre otros. Enrique Alfaro tiene razón. Todo indica que la delincuencia organizada -y la comisión de uno o varios de estos delitos- está detrás de la desaparición de Roberto Carlos, Uriel, Jaime Adolfo, Dante y Diego Alberto. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que mientras la Federación no ejerza su facultad de atracción -es su decisión- “las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia”. En otras palabras, cuando Alfaro reclama a la Federación que actúe y que, en tanto, su Gobierno hará “lo que nos toca”, uno se pregunta, ¿y qué les toca? Nada más impartir justicia y castigar los delitos del fuero común -de su total competencia- que se hubieren cometido contra los jóvenes: desaparición, homicidio, privación ilegal de la libertad, tortura, trata de personas. Todos esos ilícitos son competencia de la Fiscalía estatal. Figuran en nuestras leyes locales. De ninguna manera esto exculpa o hace menos responsable a Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno. Sólo revela la incapacidad de ambas instancias para atender delitos concurrentes del fuero común y federal. Mientras Alfaro se declara incompetente, López Obrador finge sordera sin asumir su competencia. jonathan.lomeli@informador.com.mx
