Además del hallazgo de 20 cadáveres en Ixtlahuacán y el segundo ataque a mandos policiales de Guadalajara en territorio tonalteca ocurrido la noche del martes pasado donde murieron dos uniformados, los grupos delincuenciales parecieron enviar un mensaje más de su poderío a las autoridades federales, estatales y municipales al cometer ayer un múltiple homicidio en el que acribillaron a seis individuos en Tlajomulco.Este nuevo desafío al Estado mexicano, que agrava aún más la escalada de violencia e inseguridad que no cesa desde inicios del 2018 en Jalisco y en el Área Metropolitana de Guadalajara, es altamente preocupante si tomamos en cuenta que Tlajomulco y la capital jalisciense están dentro de las llamadas 17 zonas prioritarias a las que el Gobierno federal envió militares y marinos para desplegar su nueva estrategia de seguridad, en coordinación con policías estatales y municipales.Está visto que los patrullajes mixtos, con soldados incluidos, no les intimidan, ni inhiben sus vendettas para seguir imponiendo su ley y defendiendo sus territorios ante otras bandas delictivas haciendo de la ciudad su campo de batalla.Por eso las autoridades de los tres niveles de Gobierno están obligados a reajustar y reforzar sus operativos, para no verse doblados otra vez, dejando en la indefensión a los ciudadanos.Los gobiernos federal, estatal y municipales deben cumplir su responsabilidad de no permitir que las mafias hagan de las calles zonas de guerra, y no sólo atribuir a la disputa de las bandas la violencia e inseguridad que padecemos. Eso ya lo sabemos todos. Sobran las explicaciones, faltan las acciones.Es momento, por ejemplo, de insistir en la pregunta de qué se ha hecho para recuperar el control de los centros penitenciarios de Jalisco, en especial las hacinadas cárceles del complejo Puente Grande. Más ahora que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Alfonso Durazo, aceptó que 50% del crimen organizado opera desde el interior mismo de las prisiones donde reina la corrupción y los autogobiernos delincuenciales, como lo hemos expuesto aquí en repetidas ocasiones.Si ahí está la mitad de la solución al problema de inseguridad que estamos padeciendo en Jalisco, es hora que el Gobierno estatal y su coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Tamez, nos expliquen que han hecho para retomar el control del complejo penitenciario de Puente Grande, famoso por las fiestas documentadas que organizan a su antojo las mafias que dominan las celdas y que han convertido en una fuente inagotable de dinero que amplía su poder corruptor y de fuego. Repito la pregunta que hice aquí el 28 de febrero pasado: ¿Tienen las autoridades alguna idea de cuánta violencia que padecemos en las calles del Área Metropolitana de Guadalajara y en muchos municipios de la Entidad (...), viene de esas cárceles?Si persiste el crimen sin castigo, aún en las prisiones donde tienen a los delincuentes ya detenidos y en teoría bajo su tutela, la pacificación prometida de las comunidades y del país no llegará. jbarrera4r@gmail.com
