Por décadas hemos escuchado cada inicio de administración municipal, cuando hay alternancia política y la o el que llega es de un partido político distinto a la o el que se va, los reproches de que encuentran Ayuntamientos en bancarrota y con múltiples señalamientos de corrupción, por lo que presentan querellas formales en sus primeros meses de ejercicio, sin que prácticamente ninguna concluya con alguna detención.Curiosamente, cuando la o el nuevo presidente municipal es del mismo partido que su antecesor no hay denuncia oficial alguna, y dicen encontrar todo en orden.Ya en el ejercicio de las administraciones municipales es muy poco común que se sepa de alguna sanción por corrupción porque las contralorías, hoy conocidas como órganos de control interno, en los municipios, y casi en todas las dependencias del sector público, son posiciones designadas por el gobernante o titular de cada instancia oficial.Esta sumisión y falta de independencia hace que las o los contralores, lejos de vigilar la aplicación honrada de los presupuestos públicos, se conviertan en los encargados de cuadrar y ocultar los desfalcos para congraciarse con sus jefes políticos o no dejar la zona de confort que les da el cargo.Habrá que decir que el primero en romper con esta inercia de simulación fue el actual alcalde tapatío, Ismael del Toro, quien antes de llegar a despachar al Ayuntamiento de Guadalajara pidió al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal de Corrupción (SEA) que le diera un terna para elegir tras ese filtro a su contralor, con lo que Enrique Aldana López se convirtió prácticamente en el único contralor independiente de Jalisco. Inmediatamente se vio la diferencia. Aldana ya investigó y denunció a ex funcionarios municipales de la pasada y actual administración naranja. Este ejemplo lo siguió el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y también el año pasado instaló una contraloría independiente que ocupa Marco Cervera.El resto de los Ayuntamientos siguen renuentes a este cambio. Por eso puede ser de gran trascendencia lo que ocurrió el jueves pasado en la sesión extraordinaria del CPS del SEA, donde se presentó una propuesta para la implementación de sistemas anticorrupción en los municipios, a propósito de la desaparición de esta oficina en Tlaquepaque, argumentando duplicación de funciones y falta de presupuesto.En este documento queda claro que no se requieren más recursos ni nuevo personal para montar estos sistemas anticorrupción, y que basta con que articulen las instancias que ya están por ley obligados a tener, como el órgano de control interno, que debe ser encabezado por un contralor independiente y quien podría dirigir la instancia anticorrupción; una unidad de transparencia; la sindicatura; y un consejo ciudadano o contraloría social.Este planteamiento lo debe hacer suyo el Congreso del Estado para incorporarlo a la reforma 2.0 del SEA que está en proceso. Desde ahí se deben buscar incentivos para que los municipios cumplan o de plano condicionar la entrega de presupuestos al cumplimiento de esta norma, que se podría convertir en la primera barrera de contención para la corrupción y la impunidad en los Ayuntamientos.jbarrera4r@gmail.com
