Los magros avances logrados en los últimos años en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país están, al igual que la humanidad, bajo la amenaza de los efectos de la pandemia del coronavirus.Desde luego no se vale generalizar, pero muchos y muchas de nuestra clase política y gubernamental son dados a caer en las tentaciones de amasar fortunas al amparo del poder, abriendo incluso empresas para ser a la vez funcionarios y proveedores de gobierno. Otros prefieren quedarse haciendo negocios combinando erario público e influyentismos, para contratar servicios y/o adquirir productos a sobreprecio, entre otras modalidades que forman parte de la amplia gama de corruptelas que nos azotan como comunidad.No por nada, siempre en los lineamientos y sugerencias de organismos económicos internacionales para mejorar los manejos presupuestales de los gobiernos está el revisar, dar la máxima publicidad y abrir al escrutinio público las compras y las licitaciones de las autoridades de los gobiernos nacionales y subnacionales.Múltiples estudios, nacionales y extranjeros, demuestran además que en México persisten concepciones patrimonialistas en la administración de dependencias y bienes públicos, que obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas.Estos vicios y apetitos insanos se exacerban sin duda en contingencias, sobre todo cuando, como pasa ahora en México, se expidió un decreto de emergencia sanitaria como el del pasado 27 de marzo, donde se estipula que se pueden realizar contratos públicos por adjudicación directa, esos que de por sí y en tiempos de normalidad son los que dominan por la discrecionalidad que subsiste en nuestros gobiernos.Ejemplo de estos burdos oportunismos que aprovechan la tragedia en beneficio propio es el caso de la compra a sobreprecio de respiradores que el hijo de Manuel Bartlett, el ex priista que maneja la Comisión Federal de Electricidad en la 4T, vendió al IMSS, que dirige Zoé Robledo, hijo de otro ex priista, y que ahora está bajo la lupa de la desprestigiada Secretaría de la Función Pública. En el caso de Jalisco, por la pandemia se suspendieron además los términos para el cumplimiento de las solicitudes de transparencia, por lo que pasada la emergencia mucho habrá que revisar.En una muestra de apertura, el gobierno estatal lanzó está semana en su portal oficial el micrositio llamado Transparencia Focalizada, para informar de los gastos hechos en las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lo que de entrada llamó la atención es que se ha gastado más en publicidad (26.4 millones de pesos) que en pruebas para detectar el virus (23.4 millones) o que en contratación de personal médico (15.4 millones).Así las cosas, bien harían tanto en el gobierno federal como en el estatal y los municipales en redoblar la atención en las contrataciones que vengan en lo que resta de emergencia sanitaria, y tener listas las explicaciones y justificaciones de esos gastos extraordinarios ejercidos para que luego de la embestida del coronavirus no se nos venga otra de corruptelas.jbarrera4r@gmail.com
