Además de los problemas y los enormes desafíos e incertidumbre que está generando la turbulenta relación con el gobierno del impredecible Donald Trump, la sociedad mexicana vive día a día, como hace 17 años, el azote de la inseguridad pública, que es la manera oficial de nombrar a la guerra informal que está diezmando a la población. Con sus aristas de robos violentos, feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones, fosas clandestinas, y una grave crisis forense, los problemas relacionados con la guerra informal son las principales dolencias que aquejan a la sociedad mexicana. En los últimos siete sexenios, desde Enrique Zedillo Ponce de León (PRI) en 1994, combatir la inseguridad ha sido una de las grandes promesas de los presidentes y del Estado mexicano. Pero todos han fracasado, hasta ahora. Zedillo propuso un gran Plan de Seguridad Pública que no terminó de cumplir sus objetivos, Vicente Fox Quezada (PAN) ofreció modernizar el aparato de seguridad mexicana creando una Agencia Federal de Investigación (AFI) al estilo del FBI gringo que era dirigida nada más y nada menos que por Genaro García Luna. Y este mismo personaje fue el artífice de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) quien irresponsablemente declaró la supuesta al narcotráfico que potenció la crisis de violencia a niveles nunca vistos en la historia moderna de México. Enrique Peña Nieto (PRI) prometió cambios que al final no fueron sino una administración de la crisis, pero potenciada por el aumento de homicidios dolosos y desaparecidos en el país.Andrés Manuel López Obrador ofreció un cambio radical con su programa de la Cuarta Transformación y con la supuesta atención a las causas originales de la inseguridad, ofreció que en seis meses se percibirían cambios sustanciales en las cifras de inseguridad en el país. Al final fue otro gobernante que administró la crisis de violencia organizada, pero asegurando que ya había detenido la tendencia al alza en la cifra de homicidios dolosos que existían en el país desde el gobierno de Felipe Calderón, al fin mostraba una contención y una tendencia a la baja. El pasado 10 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en la mañanera de cada día un balance de su estrategia de seguridad en la que aseguró que todos los indicadores centrales van a la baja, entre ellos el más importante: homicidios dolosos, los cuales han bajado 25.8 por ciento entre septiembre de 2024, cuando asumió el mando, y mayo de 2025. Además presumió que en el mismo periodo se detuvieron 23,417 personas por delitos de alto impacto, se incautaron 172.6 toneladas de droga y 12,045 armas de fuego, además de ubicar y desmantelar 994 laboratorios clandestinos. Este recuento es el resultado de una estrategia de seguridad con cuatro puntos: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales, coadyuvar con el Ministerio Público y la coordinación entre niveles de gobierno. Sin duda la disminución de homicidios dolosos 25 por ciento es un éxito en este contexto de violencia organizada que padece la sociedad mexicana desde hace casi dos décadas. Pero Claudia Sheinbaum y los otros seis presidentes que la precedieron (especialmente desde Calderón), han minimizado o tratado de esconder que a la par de los homicidios, la desaparición de personas iba en aumento en el país. De Felipe Calderón a la fecha, se han registrado cerca de 110 mil desapariciones. Con el panista Calderón se registraron 26,121 casos, con el priista Peña Nieto la cifra llegó a 33,783 desaparecidos y con López Obrador se registraron más de 54,000 desapariciones. En estos primeros nueve meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registran casi 8,000 desaparecidos. Estas cifras reflejan una grave tendencia que indica que las cifras de homicidios dolosos descienden mientras que las de los desaparecidos van preocupantemente al alza. Y esto parece ser más bien una estrategia de los grupos violentos del crimen organizado que resultado de la estrategia oficial. Otra realidad tendríamos si las dos estadísticas disminuyeran a la par, pero no es así lo que da como resultado que las víctimas de la violencia organizada siguen al alza en el país. Por lo tanto, no hay nada qué festinar. Así como se han puesto en práctica estrategias especiales y dirigidas a la disminución de los homicidios, hace falta que la presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se involucren en diseñar y poner en práctica estrategias efectivas para buscar a los desaparecidos, prevenir nuevas desapariciones, romper cadenas de impunidad y macro-criminalidad entre narcos y gobernantes y llevar ante la justicia y castigar a los perpetradores de este horrible crimen que son las desapariciones y que lacera a cientos de miles de familias mexicanas.rubenmartinmartin@gmail.com
