El ahora gobernador Enrique Alfaro sabe perfectamente lo que es una Legislatura desprestigiada. Aunque nunca se le involucró en los grandes escándalos y saqueos que se dieron entre el 2006 y el 2009 en el Congreso local, fue integrante como diputado perredista de aquella vergonzante Legislatura LVIII, con mayoría panista, que presidía el entonces poderoso joven político Jorge Salinas, hoy convertido en un cercanísimo aliado del gobierno emecista, involucrado en el caso “A Toda Máquina”, que el Sistema Estatal Anticorrupción le investiga a la actual administración.Vivió muy de cerca el debut del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la vida parlamentaria de Jalisco en la LX Legislatura, que inauguró como coordinador, el ahora senador y líder nacional de ese instituto político, Clemente Castañeda. Alfaro había perdido su primer intento de llegar a la gubernatura en una cerrada elección, pero estaba convertido en el líder indiscutible del “movimiento naranja”. Su influencia quedó demostrada en aquel episodio del 2012, cuando a inicios de esa Legislatura, en lo que sería el gran golpe de legitimidad y cambio de un Congreso repudiado, le ordenó a su coordinador retractarse y salir de un acuerdo legislativo plural y unánime para pedir la salida del ya insostenible y cuestionado auditor superior Alonso Godoy Pelayo. Ese hecho marcó negativamente a esa primera bancada de MC por su incumplimiento de que llegarían a cambiar la historia del Poder Legislativo.La Legislatura LXI fue la primera con mayoría naranja, luego del gran triunfo electoral de Alfaro en 2015 que lo llevó a la alcaldía de Guadalajara y a MC a las presidencias municipales más importantes del Estado. Quien coordinó esa primera bancada mayoritaria naranja fue el hoy alcalde tapatío, Ismael del Toro, quien sí pudo sacudirse a Godoy Pelayo y sacar al Congreso de la agenda exclusiva de los abusos y la voracidad. Fue en esa Legislatura donde se terminó de moldear el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuya novedad era la inclusión de un componente ciudadano: justo el Comité Participación Social (CPS), hoy bajo fuego de la mayoría naranja de la Legislatura LXII, que controla el controvertido líder parlamentario Salvador Caro y sus incondicionales aliados del PAN, PRD y Verde, como venganza por las críticas y denuncias que ha hecho el CPS al viciado proceso e imposición de dos consejeras y un consejero de la Judicatura.Estos dos últimos escándalos, más todos los que les han precedido, como el regreso de pagos discrecionales “para apoyo legislativo” a diputadas y diputados, el incremento de la nómina, el lavado de cuentas y el constante mayoriteo para, entre otras cosas, autorizar el mayor endeudamiento en menos de dos años del gobierno alfarista, ha llevado nuevamente al Congreso local al tobogán del desprestigio como en las peores legislaturas de hace más de una década.Ante esta decadencia legislativa y la decisiva influencia que siempre ha ejercido desde sus distintas posiciones, hoy que tiene la máxima responsabilidad política del Estado, la pregunta obligada es cuál es la ponderación que tiene el gobernador del papel del coordinador parlamentario de su partido. Hasta ahora, nada ha dicho ni del atraco a la Judicatura, ni de la bajeza de los ataques al CPS. Urgen sus respuestas para saber, si como escribió ayer David Gómez Álvarez, uno de los integrantes del CPS más atacados, el gobernador tiene su gerente parlamentario, que no sólo le tiene el Poder Legislativo a su servicio, sino que le tiene también en marcha la entrega del Poder Judicial.jbarrera4r@gmail.com
