La primera vez que escuché del despojo de tierras y devastación de bosques y agua por el avance del agronegocio aguacatero fue en 2012, en voz de María de Jesús Patricio, representante de su natal Tuxpan, Jalisco, del Congreso Nacional Indígena. Otros habitantes del sur expusieron en esa reunión que el avance del agronegocio aguacatero a veces iba de la mano del crimen organizado y que muchas veces se amenazaba a ejidatarios para que rentaran sus tierras hasta por 25 años.Siete años después, el agronegocio aguacatero ha avanzado de manera descontrolada, dejando una estela de despojo, devastación ambiental e incluso desplazados por intimidación.La mortal avalancha de agua, lodo y toneladas de madera arrasada bosques arriba, del 2 de junio pasado, ha significado un punto y aparte en la justificada crítica a este agronegocio.A partir de la tragedia de San Gabriel que ocasionó cinco muertos, para miles de pobladores del sur del Estado quedó evidente y manifiesta la relación del agronegocio aguacatero con la deforestación de bosques arriba. El pasado 2 de septiembre, el colega Agustín del Castillo publicó que las huertas aguacateras pasaron de 1,260 hectáreas en 2003 a 28,833 hectáreas en 2017. Publicó también que 45 por ciento de este drástico cambio de uso de suelo fue sobre bosques y selvas (12,384 hectáreas), de los cuales sólo 5 por ciento tenía permiso pero el resto, 95 por ciento, ha sido un cambio ilegal de uso de suelo. Esa ilegalidad, no perseguida por las autoridades, ha tenido consecuencias fatales.Pero en lugar de dejar de actuar ilegalmente, los grandes intereses de las empresas aguacateras están amenazando a quienes deciden actuar y publicar información sobre esta situación.Esta semana Alejandra Aguilar, habitante de San Gabriel y activista por el medio ambiente, hizo públicas amenazas en su contra y una retahíla de insultos en sus redes sociales que incluso incluyeron a su hija. Junto con otros activistas de la organización Futuro, Alejandra Aguilar anunció la intención de recabar firmas para pedir la revocación de mandato del alcalde de San Gabriel, Bonifacio Chávez. Esto y las denuncias contra la actuación ilegal de las aguacateras en la deforestación de los bosques parecen explicar las amenazas en contra de esta activista.Al mismo tiempo, Lauro Rodríguez, reportero de Zapotlán el Grande, recibió amenazas indirectas del presidente de ese municipio. Lauro Rodríguez es uno de los animadores del sitio periodístico El Suspicaz, donde publicó un reportaje con los nombres de los políticos que también tienen intereses en el agronegocio aguacatero, donde incluyó el alcalde de Movimiento Ciudadano, Jesús Guerrero Zúñiga. Al parecer molesto por esta situación, el alcalde llamó al director de Cuatro Televisión, donde también labora Lauro Rodríguez, y le pidieron que ya no publicara temas relacionados con los políticos aguacateros, según denunció la Red de Periodistas de a Pie.Son dos casos recientes de claras amenazas contra activistas que han cuestionado los daños que ha dejado la expansión aguacatera incontrolada. Dichas amenazas deben reprobarse y evitar que escalen. La autoridad tiene el deber de proteger el derecho de libre expresión y organización política de periodistas y activistas. Y también tiene la obligación de parar la ilegal expansión aguacatera y sus prácticas amenazantes.
