México vive tiempos de barbarie. Cada día desaparecen cerca de 20 personas, de las cuales siete son mujeres. Mujeres que desaparecen por esperar un taxi en la carretera, por ir a una fiesta, o por simplemente estar en la calle. Y la respuesta del Estado ante esta barbarie es indignante e irritante. Minimizan la crisis, la subestiman y hacen lo que han venido haciendo desde hace años: administrando sin enfrentarla, sin detenerla. El Comité Contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas acaba de presentar un informe demoledor al respecto: hay una crisis por desapariciones en México que es propiciada, en buena medida por la impunidad en el castigo a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.El CED había solicitado desde hace nueve años al Estado mexicano llevar a cabo una visita a México para elaborar un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en el país. Finalmente, el 30 de agosto de 2021, tras ocho años de negociaciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó la visita del CED al país. Del 15 al 26 de noviembre, cuatro integrantes del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López, Horacio Ravenna, Carmen Rosa Villa Quintana (presidenta), llevaron a cabo la visita. La delegación visitó 13 estados y sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes públicos y autónomos, tanto federales como estatales. El centro de la visita del CED fueron las reuniones con decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de 31 estados. En su recorrido por México, los integrantes del CED acompañaron exhumaciones en fosas clandestinas y jornadas de búsqueda. Conocieron en directo los dolores y los esfuerzos de cientos de familias que buscan a sus desaparecidos en el país.El análisis del CED sostiene que “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos” y añade que “los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”. Esta crisis por desapariciones ha crecido de manera preocupante en los años recientes: hubo 8,000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Un aspecto destacado en el informe es la crisis forense del país que tiene más de 52 mil cuerpos sin identificar y que es provocada por las altas cifras de asesinatos y fosas clandestinas que deja la guerra informal que vivimos en México. Una de las razones que explican la crisis por desapariciones en el país es la impunidad, señaló el CED: “El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y sólo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.Y a pesar de reconocer algunos avances normativos, el CED recomendó realizar cambios en el sistema estatal de búsqueda y generar “Condiciones mínimas para una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva”. Para ello propone al menos cuatro puntos: 1. Reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad; 2. Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; 3. Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; y 4. Implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país. En lugar de reconocer el informe y las recomendaciones del CED, el presidente López Obrador descalificó grosera e incorrectamente a esta agencia de la ONU. Si bien el mismo día que se emitió el informe las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado anticipando que aceptaban las recomendaciones, al día siguiente el presidente en su mañanera, descalificó a los comisionados del CED. “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, aseveró. Ellos, añadió “no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con el apego a la verdad (…) antes se usaba al Ejército “para reprimir o rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas. Ya no es ese tiempo”.Fue una descalificación innecesaria que termina por minimizar y subestimar la grave crisis por desapariciones que tenemos en el país. El Gobierno federal, y todos los gobiernos estatales, deben atender las recomendaciones de la ONU totalmente pertinentes como combatir la impunidad e impulsar una sólida política de prevención de las desapariciones forzadas. Es tiempo de detener la barbarie. rubenmartinmartin@gmail.com
