Uno de los asuntos clave para el futuro del país que estará en el centro de la agenda pública de este 2023 que inicia será sin duda lo que ocurra con el Instituto Nacional Electoral (INE) con la renovación de cuatro de sus 11 consejeros en este primer trimestre, pero sobre todo lo que ocurra en febrero en el Senado con las leyes electorales secundarias procesadas en ultra fast track el pasado 6 de diciembre por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. En el tema de la renovación de las y los cuatro consejeros que concluyen su encargo en abril, entre ellos el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, el proceso inició con conflicto, luego de que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a mostrar su sumisión al poder presidencial y su militancia morenista, al proponer, sin el aval de su Consejo Consultivo, a dos de sus correligionarios políticos para integrar el Comité Técnico de Evaluación que revisará y valorará la trayectoria de quienes aspiran a ocupar estas vacantes. Corresponde a la Cámara de Diputados instalar este Comité con siete integrantes de reconocido prestigio y conocimiento electoral, tres propuestos por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dos por el Instituto de Transparencia (INAI) y dos por la CNDH, y cuya tarea es proponer las quintetas para elegir a los nuevos consejeros.Legisladores y legisladoras de oposición consideraron que María del Rosario Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera no garantizan la imparcialidad que debe tener este cuerpo colegiado, por su cercanía con el partido político del Presidente Andrés Manuel López Obrador.De hecho, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, la panista Kenia López Rabadán, quiere llevar a juicio político a Piedra Ibarra por haber designado estos dos perfiles afines al morenismo.Por lo que toca a la versión final de la reforma, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muestra congruencia con los fallos de invalidez que ha emitido de leyes que se han aprobado en fast track o por medio de procesos legislativos viciados como pasó con los cambios a las normas electorales secundarias en la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena y sus aliados, deberá anularlos porque se aprobaron en menos de 24 horas a la presentación de la iniciativa sin siquiera pasar para su discusión en comisiones.Así sucedió, por ejemplo, el 29 de agosto pasado que la Corte invalidó unánimemente la reforma de 2017 sobre el derecho de las audiencias porque en el Senado se aprobó en un solo día. Lo deseable sería que en la Cámara alta se tome en cuenta este antecedente y en el debate de febrero próximo no sean aprobadas las reformas electorales secundarias para evitar eventuales impugnaciones de la oposición que la Corte tendría que resolver antes de septiembre de 2023 que inicia el proceso electoral para las elecciones presidenciales del 2024. En espera de lo que suceda, yo le deseo estimada lectora, estimado lector, que tengan un feliz y próspero año, en el que espero también seguir contando con su compañía y su confianza.jbarrera4r@gmail.com
