Los criminales utilizan un modelo circular para estafar a gringos con tiempos compartidos en Puerto Vallarta: les venden el problema, se los compran y luego les ofrecen la “solución” al fraude que sufrieron. Operan como una sola empresa criminal con estrategias diferenciadas. La estafa más común consiste en hacer una atractiva oferta no solicitada de compra a norteamericanos dueños de tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Esto significa que los estafadores tienen acceso ilegal a las bases de datos de clientes de cadenas hoteleras y empresas del ramo. Desfalcan a la víctima por medio del cobro de comisiones y gastos de operación de una compra-venta que nunca se concreta. Sin embargo, hay casos en donde los estafadores engañan a la víctima desde el principio y le venden el tiempo compartido directamente. Luego otra “compañía” les ofrece comprárselo a mejor precio. Cuando se dan cuenta que es un fraude, un bufete jurídico de abogados especializado los contacta y les ofrece recuperar su dinero, pero también es falso. La ingeniería social de este último modelo incluye la falsificación de páginas web, despachos jurídicos que se promocionan con testimonios apócrifos, formularios y papelería inventada, estados de cuenta simulados, misivas “oficiales” y supuestas sentencias a favor de la víctima. En mayo de 2021, un residente de Ohio recibió de un despacho legal una sentencia apócrifa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde le informaron que los ministros ordenaron a los bancos en México regresarle 40 mil dólares que perdió con motivo de una red de fraudes en México. Un absurdo, pues la Corte carece de esas atribuciones, además la “sentencia” está en inglés, pero con sellos de recibido en español. Para regresarle su dinero, le exigieron a la víctima que pague una serie de comisiones a la Corte que incluía honorarios de los ministros, cargos por traducción, copias de los expedientes, impuestos, pago a testigos, entre otros absurdos. El monto exigido supera los 200 mil dólares. Si la víctima se niega a pagar, el fraude evoluciona a una extorsión con estrategias de hostigamiento y amenazas. Por medio de correos electrónicos y requerimientos “oficiales”, les informan que el Gobierno de México los investiga por lavado de dinero debido a que hay una devolución pendiente de recursos a su favor. “Si no paga los 205 mil dólares a la Corte mexicana, su devolución será cancelada y usted será extraditado a México para cumplir de 25 a 40 años de prisión”, señala una de las misivas. Recordemos que en este punto los defraudadores saben todo de la víctima, lo que empodera el discurso criminal frente al estafado, por más ridículo e ilógico que suene. Lo llevan al extremo de enviar órdenes de captura de la Interpol en contra de la víctima porque se rehusó a pagar las tarifas antilavado en México y EU. Muchos de los estafados son norteamericanos jubilados. Adultos mayores que caen en estas redes fraudulentas y desembolsan hasta 100 mil dólares en todo el proceso. Por miedo llegan a pagar más en tarifas, recargos y trámites que lo que en teoría recibirán como pago o devolución. Sin duda estamos ante un modelo criminal que se ha perfeccionado con el tiempo. Hay reportes de los primeros casos desde 2014. Mientras escribía esta columna mi fuente me contactó para informarme que había llegado a su despacho otro caso. Las estafas continúan sin que la Fiscalía del Estado proceda por fraude y la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. Este abogado norteamericano que me proporcionó documentos e información -reservo su nombre por seguridad- ofrece a sus clientes un solo servicio: investigar a las empresas y documentos para decirle a su cliente si es víctima de un fraude. Porque son nulas las probabilidades de recuperar el dinero y que se haga justicia. “Si no hay impulso, si no hay alguien impulsando -con la mano hace la seña de dinero- qué motivación tienen para trabajar… si no hay dinero, hay mucho trabajo, poco tiempo y poco presupuesto”. Sin embargo, hay una forma contundente de acabar con esta red de fraudes. Lo relato en mi tercera entrega de mañana. jonathan.lomeli@informador.com.mx
