Sería sensacional si, en un plazo razonable, las autoridades judiciales consiguieran armar el rompecabezas –valga el símil– a partir de las piezas encontradas, las primeras horas del martes, en la caja de una camioneta abandonada en la populosa y relativamente céntrica Colonia Morelos: los cuerpos mutilados de ocho jóvenes del sexo masculino.Sería sensacional –reiterémoslo–… pero no sería lo normal.-II-Un crimen aislado, o dos, o aun los tres que regularmente se producen a diario en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pueden resultar inconexos entre sí. Pueden interpretarse como la consecuencia –hasta cierto punto lógica— de los conflictos entre personas que son naturales, inevitables incluso, en casi todas las sociedades. Es una historia que no ha dejado de repetirse desde la primera que se tiene documentada: la de Caín y Abel.La solución de los conflictos entre personas por la expeditiva vía de la violencia es mucho más frecuente en los núcleos sociales en que impera la impunidad, merced a la incompetencia de las autoridades para investigar y sancionar los delitos conforme a la ley. Cuando ésta, en la práctica, es letra muerta, los individuos tienden a hacer justicia por propia mano… y a hacerlo, ocasionalmente, de manera brutal.-III-Entre los muchísimos botones de muestra de la incapacidad de las autoridades encargadas –en teoría– de la administración y aplicación de la justicia, sobresalen dos, por recientes y por sus dimensiones extraordinarias: uno, la desaparición de tres italianos en el municipio de Tecalitlán; otro, el hallazgo de los ocho cadáveres mutilados en la Colonia Morelos. En el primero, las investigaciones llegaron al punto de atribuir a tres policías municipales la entrega de los desaparecidos a “grupos delincuenciales”. Y hasta ahí se ha llegado, a 35 días de distancia del suceso... En el otro, los avances en la investigación consisten en haber identificado –hasta ayer– a una de las ocho víctimas… y a atribuir el episodio a “una pugna entre dos diferentes cárteles”.Esta “explicación” significa, en la práctica, que la autoridad se lava las manos; que el asunto le queda grande; que se declara incompetente para ir más allá de la identificación de las víctimas (algo que no demanda un trabajo por demás acucioso de investigación), y deja la posibilidad de determinar las causas, identificar, aprehender, procesar y sentenciar a los criminales, totalmente a la buena de Dios.Significa, en otras palabras, que, en esos casos, “es demasiada rata para tan poco gato…”.
