Los sucesos de finales de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala y Cocula, Guerrero, ocurrieron, casi seguramente, como lo refirió a la opinión pública, pormenorizadamente, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de ese mismo año. La “verdad histórica” -como la denominó el funcionario- corresponde, según todos los indicios, a la verdad sin apellidos… Sin embargo, para los autores de los horrendos crímenes que ahí se perpetraron, muy probablemente no habrá castigo.-II-Está documentado que los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Ignacio Burgos”, de Ayotzinapa, fueron detenidos por policías municipales de Iguala, por haber secuestrado dos autobuses que los llevarían a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, en 1968. En el enfrentamiento hubo, además, nueve personas fallecidas y 27 heridas. Acusados -falsamente- de pretender sabotear un mitin de la esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se les habría entregado a miembros de una organización criminal, acusándolos de pertenecer a una banda enemiga. Conforme a las declaraciones de tres miembros de la primera célula, los estudiantes habrían sido asesinados, sus cadáveres calcinados en un basurero y sus restos arrojados a un río.Hasta ahí, a grandes rasgos, la “verdad histórica”. Los familiares, aferrados a que los jóvenes habrían sido secuestrados por el Ejército y a la consigna de que “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, encontraron eco en organizaciones no gubernamentales -nacionales y extranjeras- y en un sector de la prensa.Cuatro años después, cuando los ecos de aquellas protestas tendían a extinguirse, el tema recobra actualidad por cuenta del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, al decretar la libertad de cuatro de los principales implicados en uno de los crímenes más horrendos de la historia de México. La resolución judicial -como se indica en la misma- no cuestiona que las cosas no hayan sucedido como se informó en su momento, sino que, en los cuatro años transcurridos desde entonces, el Ministerio Público no ha podido aportar pruebas dotadas de validez jurídica, que acreditaran, primero, la correspondencia de los hechos con la versión original y, después, la presunta responsabilidad de los inculpados.-III-Colofón: Una derrota más de la justicia; una victoria más de la impunidad…: un rotundo y escándalos mentís a quien proclama que en este bendito país impera el Estado de Derecho.
