Viernes, 15 de Octubre 2021

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- Reformas en curso

Por: Jaime García Elías

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Si se hiciera una consulta -una encuesta, digamos, para no llegar al extremo de un referéndum-, al final de cada sexenio, acerca del trato que debería darse al Presidente que acaba de dejar el puesto, pocos librarían la cárcel. La “vox populi”, en este país, absuelve a pocos y, en cambio, condena a la mayoría, si no a penas privativas de la libertad -y aun al fusilamiento si la pena de muerte no se hubiera abolido de todas las legislaciones-, sí, por lo menos, al desprecio.

Los ex presidentes encarnan sendas etapas (sexenales, precisamente) de la frustración ciudadana: del desencanto de episodios que ordinariamente se inician bajo el signo de la ilusión. Han sido excepcionales, por eso, los ex presidentes que se han reintegrado tranquilamente a la vida privada, sin exponerse a manifestaciones de animadversión o repudio de quienes fueron sus gobernados.

-II-

La Cámara de Diputados -de representantes populares… en teoría- debate ahora mismo la posibilidad de suprimir el fuero presidencial. Éste consiste en que “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (Art. 108, p. 3º. de la Constitución), y no, como los diputados, senadores, magistrados, secretarios, etcétera, por delitos comunes o “por los delitos, faltas u omisiones en que incurran” en el ejercicio de sus cargos.

El fuero suele interpretarse erróneamente, a partir de la creencia generalizada de que los ex presidentes jamás son imputados por delitos cometidos en el ejercicio de su encargo, por obra y gracia de un especie de pacto no escrito, escrupulosamente respetado por sus sucesores, que los vuelve intocables… (aunque no los exima de ser señalados verbalmente como los principales culpables de las desgracias -violencia, corrupción, impunidad, rezagos en justicia, educación, salud…- que este bendito país no consigue sacudirse -como dice la canción- “aunque pasen y pasen los años”).

-III-

Otra reforma en curso tiende a reducir en 50% los recursos públicos asignados a los partidos políticos: una añeja demanda ciudadana, basada en la convicción generalizada de que los pretendidos “institutos políticos” no pasan de ser agencias de colocaciones cuyos administradores han hecho de ese oficio un modus vivendi bastante lucrativo para sus particulares intereses, pero de muy escasa utilidad social. (Algo que -al decir de los analistas- quedó evidenciado en el repudio mayoritario que la ciudadanía dedicó a los partidos “tradicionales” en las más recientes elecciones).

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