Jueves, 25 de Abril 2024

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- Proceso trágico

Por: Jaime García Elías

- Proceso trágico

- Proceso trágico

Decía Cicerón que “La fuerza es el derecho de las bestias”. El precepto aplica, al pie de la letra, a la tónica que ha caracterizado el proceso electoral que culminará dentro de 10 días: la violencia en grado extremo; la brutalidad como argumento para impedir a toda costa que la voluntad popular, plasmada en las urnas, prevalezca sobre los intereses -probablemente delincuenciales, necesariamente mezquinos- de unos cuantos.

-II-

Parecería que, a fuerza de volverse repetitiva, la noticia ya no sería tal. Lo es, sin embargo… precisamente porque se ha vuelto repetitiva, casi cotidiana. Se trata del asesinato de otros dos candidatos a presidentes municipales. La semana pasada había sido un aspirante a la alcaldía de Taretan; ahora fueron otros dos, también en Michoacán; no por casualidad el Estado donde comenzó, en diciembre de 2006, con el primer gran operativo antidroga, la llamada “guerra contra el narcotráfico” del Gobierno de Felipe Calderón.

Una de las víctimas, Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD (que varias veces ha sido el partido gobernante en la Entidad) a la presidencia municipal de Ocampo (50 mil habitantes), había difundido públicamente un reproche a los partidos políticos: “Cada tres años, (…) nos dicen que ahora sí; que esta vez ellos van a cambiar las cosas; si es así ¿por qué no lo han hecho antes?”. La otra, Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla (15 mil habitantes), en la “Tierra Caliente”, asolada por la presencia de varios grupos criminales, ofrecía a los ciudadanos su proyecto prioritario: “una policía al servicio de los ciudadanos y que no lucre o extorsione a los moradores del municipio”.

-III-

Los dos episodios acrecientan la estadística: más de un centenar de políticos asesinados en el actual período prelectoral; más de 400 agresiones y atentados en esa etapa, principalmente contra alcaldes, ex alcaldes y candidatos de todos los partidos. Las cifras que proporciona la Asociación Nacional de Alcaldes son atroces: en el sexenio anterior hubo 48 víctimas de ese rango; en cinco años y medio del actual, 83.

El patrón se ha vuelto constante porque, a despecho de las “instrucciones” de los gobernantes de todos los niveles a los responsables de las procuradurías, al efecto de “iniciar las investigaciones sobre el lamentable deceso”, los resultados son desoladores para los ciudadanos y para los familiares de las víctimas… y, por contrapartida, estimulantes para los criminales.

Los resultados, por supuesto, pueden condensarse en una palabra: impunidad.

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