Advertían las abuelas que “Cuando dos cucharas mueven el atole, se quema”.La sabia sentencia podría confirmarse en la próxima administración estatal en Jalisco, por el conflicto que podría resultar de la designación, por parte del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de un “coordinador estatal de programas para el desarrollo”, que concentraría en una sola persona las funciones que hasta ahora han desempeñado las 83 delegaciones estatales de todas las dependencias federales. Dicho “coordinador” –“súper-delegado”… o “virrey”, como ya lo denominan las lenguas “vespertinas”, que dijera el pariente– tendría facultades de control y fiscalización tanto del ingreso como del gasto de recursos provenientes del Gobierno Federal en el Estado. Ejercería, pues, como un poder paralelo.-II-Si al planteamiento teórico del Presidente electo, animado por la idea de que adelgazando la burocracia se incrementa la eficiencia del aparato gubernamental, se agrega el detalle –nimio detalle– de que el ungido sería el candidato de su partido (Morena) que terminó segundo en la pasada elección estatal (Carlos Lomelí Bolaños), es inevitable suponer que éste, más enterado de las peculiaridades y necesidades del Estado que el propio López Obrador, trataría de aprovechar tanto su influencia como las facultades derivadas de su designación, para apoyar la que fue su agenda como candidato.-III-Lo ideal sería que el “coordinador” designado y el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, confeccionaran, de común acuerdo, mediante el diálogo civilizado, institucional, el catálogo de prioridades, carencias y rezagos de la Entidad, y la agenda para aplicar, de manera coordinada, tanto los recursos federales como los estatales, a la solución de las necesidades más apremiantes de los jaliscienses: no sólo de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino de las ciudades medias y del campo.Sería lo ideal. Sin embargo, hay serios indicios de que no hubo, tras la inevitable confrontación política de las campañas –incluidas mutuas denuncias por irregularidades en gastos de las mismas, malos manejos de recursos públicos y aun delitos del orden común– la deseable “operación cicatriz”; de que las discrepancias persisten, y de que el rechazo del gobernador electo al futuro personero del Presidente electo (porque su designación, en palabras del mismo Alfaro, “vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal”) puede interpretarse como un “non serviam”: la expresión que desde hace siglos se usa para desafiar al poder establecido, como se supone que hizo Lucifer con Dios en el inicio de los tiempos.
