Han pasado dos años desde que Brandon salió del penal de Puente Grande, pero su vida sigue ligada al delito. A los 35 años, vive en un departamento con pocos muebles y trabaja en un punto de venta de droga en la colonia Polanco, en Guadalajara. Había imaginado otro futuro: conseguir empleo en el taller de su tío.“Pensé que iría a trabajar al taller de mi tío. Pero ya no se puede: esto es mi trabajo ahora. Con esto le mando dinero a mi hija, aunque ni ella ni su mamá me quieran ver”, relata.Brandon estuvo casi cuatro años en prisión por robo de vehículo e incendio de un negocio. También reconoce haber participado en extorsiones, amenazas, un intento de homicidio y un secuestro como parte de sus actividades para un cártel. Hoy habla de su situación con resignación: “No estoy orgulloso, pero esta es la vida que me tocó. Si vuelvo a la cárcel o muero… es lo mismo”.Su testimonio muestra los obstáculos que enfrentan quienes recuperan la libertad y buscan alejarse de las actividades delictivas. Las cifras apuntan a un problema creciente: en Jalisco, los reingresos de adultos a prisión pasaron de 898 en 2020 a mil 327 en 2025, de acuerdo con el Inegi. El registro de 2025 es el más alto del periodo analizado.Las dificultades comienzan dentro de las cárceles. Según el programa de evaluación MIDE Jalisco, cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad no cursan algún programa educativo. Además, se reporta una sobrepoblación de 108.4%.El fenómeno también se observa a escala nacional. En los centros penitenciarios estatales, los reingresos aumentaron de 17 mil 134 en 2020 a 36 mil 219 en 2025.El propio Gobierno federal admite que los apoyos son insuficientes. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 advierte que los servicios de seguimiento, asesoría jurídica, vinculación laboral y atención psicológica tienen cobertura limitada. También identifica falta de coordinación y criterios homogéneos entre autoridades federales y estatales.Al salir de prisión, señala el documento, muchas personas encuentran pocas oportunidades de estudio y empleo, así como atención insuficiente para desarrollar habilidades socioemocionales. El programa propone evaluar las intervenciones y atender las causas de la conducta delictiva para prevenir nuevos delitos.A ello se suman problemas de control al interior de los penales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó autogobierno o cogobierno en 31 centros penitenciarios estatales en su diagnóstico de 2025.Xavier Rodríguez, académico de la Universidad Panamericana, considera que la capacitación en prisión pierde efectividad sin oportunidades laborales ni seguimiento posterior a la liberación. Propone mayores recursos y participación empresarial.Fernando Jiménez, del Colegio de Jalisco, plantea mejorar las condiciones de reclusión, diferenciar los perfiles de los internos y ampliar la educación y capacitación en oficios.Sin estas condiciones, los esfuerzos de reinserción realizados durante el encarcelamiento pueden quedar truncos cuando regresan a sus comunidades.El caso de Brandon exhibe la distancia que aún existe entre recuperar la libertad y encontrar una alternativa para vivir fuera del delito.Las cárceles y los programas de reinserción social en Jalisco y México enfrentan abandono gubernamental, falta de recursos y condiciones que dificultan que las personas privadas de la libertad reconstruyan sus vidas al recuperar su libertad, advirtieron especialistas.La sobrepoblación, las deficiencias en los programas de capacitación y la falta de acompañamiento después de salir de prisión favorecen que persista un ciclo de reincidencia delictiva y reingresos al sistema penitenciario.Xavier Rodríguez, académico de la Universidad Panamericana, identificó dos de los principales obstáculos: la insuficiencia de los programas de capacitación y la sobrepoblación, que limita las posibilidades de control, atención y desarrollo de actividades dentro de los centros penitenciarios.Señaló que preparar a las personas durante su estancia en prisión resulta insuficiente si no existe continuidad en esos esfuerzos una vez que recuperan su libertad.“Entonces el Estado es insuficiente en esa parte donde no le proporciona a esa persona que estuvo mucho tiempo en prisión, suponiendo que los programas de capacitación del oficio, empleo, educación hayan sido los mejores. Pero si tú no le haces el seguimiento ya afuera, en esa reinserción en la sociedad, pues desde luego es insuficiente”.Ante este panorama, propuso involucrar al sector empresarial, las cámaras de comercio y otras organizaciones para generar oportunidades de empleo tanto dentro de las prisiones como después de que las personas recuperen su libertad.Por su parte, Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, planteó fortalecer la educación a distancia mediante convenios con universidades, ampliar la enseñanza de oficios y proporcionar herramientas para el emprendimiento.Consideró que la reinserción social debe formar parte de las estrategias de seguridad pública y no limitarse al periodo de reclusión, pues el acompañamiento debe continuar cuando las personas regresan a sus comunidades.Advirtió que desatender este proceso favorece la llamada “puerta giratoria”, en la que quienes salen de prisión vuelven a cometer delitos y terminan ingresando nuevamente al sistema penitenciario.Para revertir esta situación, es indispensable reconocer la dimensión del problema, evaluar las condiciones de los centros penitenciarios y medir los resultados de las políticas públicas.También señaló que en las cárceles persisten problemas como el autogobierno, la tortura, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Por ello, planteó mejorar las condiciones de reclusión y separar a las personas de acuerdo con su situación jurídica y sus perfiles, a fin de implementar programas de atención específicos.“Todas las condiciones que se encuentran dentro del sistema penitenciario son adversas. Está diseñado para que las personas sean castigadas por el Estado y sean castigadas entre ellos, que sean abandonadas por las familias y los amigos. Los gobiernos en general no han puesto atención en este tema… el humanismo no ha llegado a las prisiones y es uno de los tantos temas pendientes para esta administración”.El Gobierno federal proyecta construir seis centros penitenciarios con capacidad conjunta para albergar a 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de su estrategia para reducir la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad en las prisiones.Los nuevos establecimientos estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento de las detenciones ha generado una mayor presión sobre algunos centros penitenciarios.Sostuvo que ampliar la infraestructura carcelaria responde tanto a necesidades de seguridad como a la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas.Sinaloa será la primera entidad donde comenzará la construcción de uno de los nuevos penales, por instrucción presidencial, luego de los hechos violentos registrados en el centro penitenciario de Mazatlán. El proyecto contará con recursos federales y tendrá capacidad para dos mil 640 internos. Mientras se concreta, las autoridades reforzaron la vigilancia de la prisión existente con personal federal.La conclusión de los seis establecimientos está prevista para 2028. Sin embargo, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular de Prevención y Reinserción Social, aclaró que el calendario dependerá de la disponibilidad de terrenos, la selección de ubicaciones y la elaboración de los proyectos ejecutivos.La selección de las seis entidades, agregó, responde al crecimiento de su población penitenciaria y a la necesidad de ampliar la infraestructura para atender la saturación de sus cárceles.Los proyectos contemplan instalaciones de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, mecanismos de inspección y tecnologías para bloquear señales de comunicación. También tendrán módulos diferenciados para distribuir a las personas privadas de la libertad de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo.El propósito es evitar que integrantes de organizaciones criminales mantengan operaciones delictivas desde el interior de las prisiones.Además de la infraestructura de seguridad, los centros contarán con espacios educativos, áreas de trabajo, capacitación laboral, servicios médicos y zonas deportivas. Estas instalaciones buscarán fortalecer los procesos de reinserción social y ofrecer herramientas para que las personas puedan incorporarse a la sociedad después de cumplir sus condenas.García Harfuch también señaló que la estrategia contempla modernizar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal penitenciario y mejorar los procedimientos de administración y control de los establecimientos.
