Las cárceles de México albergan cada vez a más personas privadas de la libertad, mientras el sistema penitenciario acumula rezagos en la impartición de justicia, mantiene miles de personas sin sentencia y fracasa en uno de sus principales objetivos: la reinserción social. Especialistas advierten que el incremento de la población penitenciaria no necesariamente refleja una mayor eficacia en el combate al delito, sino las profundas deficiencias que persisten.De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2025 del Inegi, el año pasado ingresaron a las cárceles del país 157 mil 457 personas, un incremento de 19.2% respecto al 2024. Como resultado, México comenzó este año con más de 231 mil presos por delitos del fuero común y federal.Baja California y Estado de México concentraron el mayor número de ingresos, mientras que Jalisco ocupó el octavo lugar nacional, también con un aumento.Detrás del crecimiento de la población penitenciaria existen indicadores que reflejan el deterioro del sistema. Uno de ellos es que, en Jalisco, una de cada cuatro personas que ingresó a prisión tenía antecedentes penales.El otro foco rojo es que casi la mitad de los presos esperan que un juez resuelva su situación jurídica, una cifra que exhibe el rezago de los tribunales y la lentitud con la que opera el sistema de justicia.Especialistas atribuyen este panorama a una cadena de fallas estructurales: investigaciones ministeriales deficientes, escasez de jueces y personal judicial, expedientes que tardan meses o incluso años en resolverse, desigualdad en el acceso a una defensa legal de calidad y el uso cada vez más amplio de la prisión preventiva oficiosa, que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de determinados delitos sin un análisis individual de los riesgos procesales.Para Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, las deficiencias abarcan todas las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la sentencia. Consideró indispensable aumentar el número de jueces, fortalecer su capacitación y agilizar la resolución de expedientes para evitar que miles de personas permanezcan en prisión sin una condena.Criticó las desigualdades económicas dentro del sistema judicial. “La cárcel sigue siendo para los pobres… porque están llenas de personas que no pueden pagar una defensa adecuada”.El abogado penalista Joseph Olid Aranda coincidió en que el crecimiento de la población penitenciaria también está relacionado con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A su juicio, esta figura ha contribuido a saturar las cárceles y limita que los jueces valoren cada caso de manera individual.Añadió que la falta de mecanismos alternativos para resolver conflictos penales y la debilidad de los programas de reinserción social convierten a las prisiones en espacios donde difícilmente se logra la rehabilitación de las personas, favoreciendo la reincidencia y perpetuando el ciclo delictivo.El coordinador Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que el elevado número de personas sujetas a prisión preventiva responde al marco legal vigente, por lo que planteó revisar la legislación para determinar qué conductas podrían dejar de integrar el catálogo de delitos que ameritan esa medida cautelar.Una cuarta parte de los ingresos registrados en las cárceles de Jalisco durante 2025 correspondió a personas con antecedentes penales, un indicador que especialistas consideran preocupante porque refleja las dificultades del sistema de justicia para prevenir la reincidencia y lograr una reinserción social efectiva.De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi, durante el año pasado ingresaron a los centros penitenciarios y especializados del Estado cinco mil 447 personas. De ellas, 25.9% tenían antecedentes penales; es decir, ya habían sido condenadas previamente mediante una sentencia firme por la comisión de uno o más delitos.La cifra evidencia uno de los principales retos del sistema penitenciario: evitar que quienes recuperan su libertad vuelvan a delinquir. La reincidencia no solo representa un problema para la seguridad pública, sino que también refleja que las políticas de reinserción social no están alcanzando los resultados esperados.El coordinador de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció desconocer las causas específicas de este fenómeno, aunque señaló que factores como la pobreza, las adicciones y el alcoholismo suelen estar relacionados con la reincidencia. “No sabría por qué están reincidiendo. Supongo que las condiciones económicas, la drogadicción, el alcoholismo, todos estos factores que históricamente han sido generadores de violencia y han llevado a delinquir”.Para Joseph Olid Aranda, abogado penalista, el dato revela deficiencias importantes en el proceso de reinserción social previsto en la Constitución, cuyo propósito es que las personas privadas de la libertad regresen a la sociedad con oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.“El que el sistema no hubiera logrado captar a esa persona para que no vuelva a cometer un delito significa que está fallando y no le brindó las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto de vida distinto”, afirmó.Entre las principales deficiencias identificadas destacan los programas insuficientes de educación, capacitación laboral y atención psicológica, la falta de oportunidades de empleo al recuperar la libertad, la discriminación que enfrentan los exinternos para incorporarse al mercado laboral, el tratamiento deficiente de las adicciones y la ausencia de seguimiento institucional tras cumplir la condena.Olid Aranda agregó que la reincidencia también puede presentarse en personas que recuperan su libertad mediante beneficios legales y posteriormente vuelven a delinquir. Sin embargo, aclaró que existen casos distintos en los que personas acusadas de delitos graves son liberadas porque las autoridades no logran acreditar su responsabilidad penal o porque durante las investigaciones se cometieron violaciones al debido proceso.Ante este panorama, especialistas proponen fortalecer los programas de reinserción social con mayor capacitación para el empleo, atención integral a las adicciones, apoyo psicológico, educación y acompañamiento posterior a la liberación, además de mejorar las investigaciones ministeriales y promover incentivos para la contratación de personas que ya cumplieron sus condenas.LA VOZ DEL EXPERTOJoseph Olid Aranda, abogado penalista.Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG.Especialistas en seguridad advirtieron que las deficiencias del sistema de justicia han incrementado el número de personas privadas de la libertad sin sentencia, una tendencia que continúa al alza. Aunque el Gobierno de México impulsa una estrategia para reducir la sobrepoblación penitenciaria, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha favorecido el aumento de esta medida cautelar.En Jalisco, el 71.9% de las personas adultas sin sentencia se encontraba bajo prisión preventiva oficiosa, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2025 del INEGI. Esta figura obliga a que los imputados por determinados delitos enfrenten su proceso en prisión, sin que el juez pueda valorar el riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.El abogado penalista Joseph Olid Aranda advirtió que esta medida provoca que muchas personas permanezcan encarceladas durante más tiempo del que deberían. A su vez, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que la saturación de los juzgados impide resolver los procesos con oportunidad y advirtió que “el sistema está colapsando”.El especialista recordó que muchas personas permanecen en prisión sin sentencia, por lo que conservan la presunción de inocencia e incluso podrían ser absueltas. La demora en los procesos ha contribuido al crecimiento de la población penitenciaria y a la sobreocupación de los centros de reclusión. De acuerdo con el INEGI, actualmente hay alrededor de 231 mil personas privadas de la libertad en México, pese a que la capacidad instalada del sistema penitenciario es de 205 mil espacios.TELÓN DE FONDOEl Gobierno de México alista una estrategia para reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país, un problema que afecta las condiciones de reclusión y complica la reinserción social.La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el plan contempla tres ejes: aplicar mecanismos de liberación anticipada a personas que cumplan los requisitos legales, ampliar la infraestructura penitenciaria y fortalecer los programas de reinserción social.Explicó que se revisarán los casos de personas privadas de la libertad que, por su edad o situación jurídica, puedan acceder a beneficios previstos en la ley, particularmente adultos mayores y quienes ya reúnan las condiciones para obtener una liberación anticipada.“Una parte tiene que ver con liberaciones tempranas de aquellas personas mayores de edad o que por distintas razones es factible su liberación. Y la otra es ampliar los espacios. En eso estamos trabajando y cuando tengamos ya una propuesta, se las podemos plantear”.La mandataria agregó que la construcción de nuevos centros penitenciarios dependerá de la disponibilidad presupuestal.“El asunto son los recursos, cómo los obtendríamos, pero el objetivo es que no haya sobrepoblación en los centros penitenciarios”.Especialistas señalan que el hacinamiento no responde únicamente a la falta de espacios, sino también a problemas como la lentitud de los procesos judiciales, el uso de la prisión preventiva, la reincidencia y las deficiencias en los programas de reinserción.Añaden que cualquier estrategia para disminuir la población penitenciaria debe acompañarse de medidas de fondo, como agilizar los procesos judiciales, fortalecer la reinserción social y ampliar las oportunidades de educación y empleo para quienes recuperan su libertad.
