Modalidad 40 presiona finanzas del IMSS
El Gobierno federal justifica los cambios en el sistema para frenar fraudes y problemas económicos, pero especialistas advierten que son ilegales y anticipan amparos
La decisión del IMSS de restringir la Modalidad 40, un esquema que permite a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para mejorar su pensión mensual, desató una controversia entre el Gobierno federal, especialistas, sindicatos y partidos de oposición, ante los señalamientos de presuntos fraudes, la presión financiera sobre el sistema pensionario y las dudas por la legalidad de los cambios.
La Presidenta Claudia Sheinbaum justificó la medida por presuntos fraudes e irregularidades en pensiones elevadas. Señaló que busca garantizar recursos para los jubilados y propuso una conferencia para explicar las anomalías detectadas.
Sin embargo, abogados laboralistas, especialistas y líderes sindicales advirtieron que el acuerdo del IMSS podría vulnerar derechos laborales y provocar una ola de amparos contra las restricciones.
La Modalidad 40 permite a quienes dejaron un empleo formal seguir cotizando por cuenta propia y, según su régimen, aumentar el monto de su pensión.
Los cambios aplican a quienes ingresen o contraten otro periodo desde el 22 de octubre de 2026. El salario base de cotización se calculará según el último sueldo registrado, con un límite adicional de una UMA. Además, se restringen los pagos retroactivos y la incorporación comenzará desde la fecha de solicitud.
Anteriormente, los asegurados podían elegir un salario de hasta 25 UMAs para calcular sus aportaciones, una posibilidad que permitía elevar el monto de la pensión bajo determinadas condiciones.
El IMSS sostuvo que la Modalidad 40 no desaparece y que quienes ya estaban inscritos y pagaban antes de la entrada en vigor de los cambios conservarán las condiciones de su periodo contratado, además de sus semanas cotizadas y aportaciones.
El abogado Carlos Mendoza sostuvo que un acuerdo administrativo no puede estar por encima de la ley. Consideró que las modificaciones pueden combatirse mediante amparos indirectos. Y rechazó que el esquema sea fraudulento por sí mismo, al señalar que está previsto en la legislación.
Jorge Antonio Loyo Pérez, académico de la Universidad Iberoamericana, calificó la medida de regresiva e inconstitucional, al considerar que restringe derechos que los trabajadores habían planeado ejercer después de décadas de cotizaciones.
Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista, también cuestionó la falta de una exposición de motivos suficiente y consideró que las personas afectadas podrán recurrir a los juicios de amparo o procedimientos administrativos.
Por su parte, Gerardo Ríos, dirigente sindical, llamó a las organizaciones independientes a formar un frente nacional contra la decisión, pues aseguró que los trabajadores que ahorraron durante años o comprometieron parte de su patrimonio para mejorar su jubilación ahora enfrentan incertidumbre.
La discusión ocurre ante el aumento del gasto en pensiones. El IMSS registra 6.3 millones de jubilados y pensionados, con un costo estimado de un billón 42 mil millones de pesos este año. Además, 272 mil personas están inscritas en la Modalidad 40.
Leticia Alcántara, asesora en pensiones, advirtió que el envejecimiento poblacional presiona las finanzas del IMSS. Aseguró que 60% de sus recursos se destina a pensiones y que este gasto seguirá aumentando.
Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, buscará reunirse con el director del IMSS, Zoé Robledo, para aclarar los cambios. Reconoció los retos del envejecimiento y la reducción de cotizantes, pero pidió discutir la medida en el Congreso. Ricardo Monreal advirtió que cualquier reforma legal a la Modalidad 40 requiere aprobación legislativa.
LA VOZ DEL EXPERTO
Especialistas cuestionan cambios sin reforma legal
Susana García, académica de la Universidad Panamericana.
Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Susana García, académica de la Universidad Panamericana, explicó que los investigadores en esta materia ya habían previsto que muy pronto llegarían modificaciones al sistema pensionario, puesto que los números del IMSS no estaban siendo sostenibles, al considerar que poco más del 60% del presupuesto total del instituto es destinado a pensiones y jubilaciones.
Para la especialista, situaciones como las condiciones que permitían incrementar, mediante la Modalidad 40, el salario base de cotización para acceder a una mejor pensión estaban generando una carga financiera que consideró insostenible para el instituto.
“Lo estuvieron promoviendo mucho para ayudar a los ingresos, pero les pegó en el pago de pensiones, eso creo que no lo midieron. Por lo tanto, yo ya veía que la Modalidad 40 iba a sufrir cambios importantes para efectos de frenar ese impacto financiero, la carga fiscal, y ya estaba siendo insostenible con los pagos altos de pensiones bajo la ley del 73”, señaló.
La académica consideró que, aunque el Consejo Técnico del IMSS tiene facultades para emitir acuerdos internos, la modificación debió acompañarse de estudios de impacto financiero y de una preparación jurídica que permitiera plantear los cambios correspondientes ante el Congreso de la Unión, en lugar de aplicarse de manera inmediata.
Por su parte, Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), también relacionó las restricciones con la situación financiera del sistema pensionario, aunque cuestionó que se hayan establecido mediante un acuerdo administrativo que, consideró, contraviene disposiciones legales vigentes.
El académico advirtió que el periodo anunciado no garantiza que las condiciones actuales desaparezcan al término de los seis meses, pues el propio acuerdo contempla un estudio actuarial para determinar la viabilidad de mantener la contratación de la Modalidad 40.
Ruiz Buenrostro añadió que, si se pretende restringir este derecho, tendría que realizarse un procedimiento legislativo para modificar la ley y no solamente recurrir a un acuerdo del instituto.
¿Qué establece la Ley del Seguro Social?
Los cambios a la Modalidad 40 generaron una controversia jurídica sobre si el Consejo Técnico del IMSS tenía facultades para restringir el salario de cotización o si la medida debía ser aprobada por el Congreso de la Unión.
El artículo 218 de la Ley del Seguro Social permite cotizar con el último salario o uno superior, sin fijar la restricción impuesta. Ante esto, el presidente del Senado, Higinio Martínez, afirmó que se revisa el acuerdo y subrayó que cualquier modificación legislativa corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Por su parte, el IMSS argumentó que la medida es temporal para evaluar la viabilidad financiera del esquema y formular una propuesta posterior. El debate radica en si la institución ajustó la operación del programa o si vulneró atribuciones al imponer un límite que rebasa sus facultades legales.
REACCIONES
Modificaciones al IMSS abren debate
“En cualquier caso de modificación, constitucional o legal, tiene que haber, necesariamente, una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario, se estaría incumpliendo una norma”.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
“Este decretazo ilegal puede ser un detonante fuerte de inconformidad y movilización por la gente que va a estar afectada, que le están cancelando una vejez digna (...) Vamos a llamar a comparecer al secretario de Hacienda para que explique esta decisión”.
Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República.