Riva Palacio analiza penetración del Cártel de Sinaloa en Gobierno de Marina del Pilar

La penetración del crimen organizado en las estructuras de poder de estados gobernados por Morena sumó a Baja California como la pieza más reciente de un fenómeno registrado antes en Sinaloa y Oaxaca, según analiza el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión. De acuerdo con el comunicador, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 individuos y 25 entidades ligadas a la ampliación de la presencia del Cártel de Sinaloa a través de su franquicia “Los Rojos”.

El autor subraya que, en las determinaciones estadounidenses, los señalamientos apuntan de manera directa hacia el entorno cercano de la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila. "En el centro de esta narco corrupción está el ex esposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres, y su hermano Luis Alfonso Torres", afirmó en un comunicado el Departamento del Tesoro, cita Riva Palacio, añadiendo sobre Torres que "usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de intervención gubernamental o judicial en Baja California".

Redes corporativas, retiro de visas y la empresa Vida Orgánica Tijuana

En su texto, Raymundo Riva Palacio detalla que la inacción de las autoridades mexicanas no detuvo las pesquisas internacionales, aun cuando se retiraron permisos de viaje con anterioridad. "El Departamento de Estado les canceló sus visas en mayo de 2025, pero el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum los respaldó", expuso el periodista, quien recordó que el semanario Zeta de Tijuana documentó previamente investigaciones por evasión fiscal, huachicol, lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos alcanzaron también a la firma Vida Orgánica Tijuana, fundada en 2020 por la gobernadora, su exesposo, su excuñado y los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, dueños del Copeo Sports Bar. Al respecto, Riva Palacio detalla las incongruencias en los registros de desvinculación de la Mandataria: "Ávila dijo que su separación se había dado desde 2023, pero la notaría tardó en realizar el trámite. Aun así, de acuerdo con la investigación estadounidense, era socia de la empresa cuando ya estaba involucrada en el lavado de dinero".

Operadores políticos y la gestión de la crisis ante Palacio Nacional

El análisis del periodista profundiza en otros perfiles señalados por las autoridades antilavado, como Rafael Buenrostro Martín, vinculado a Carlos Torres y cercano a José Ángel Rivera Zazueta, presunto jefe del Cártel de Sinaloa en la entidad. Riva Palacio afirma que la relación de Buenrostro con la gobernadora era personal: trabajó con ella cuando fue diputada federal, impulsó su candidatura suplente en 2024 y colaboraba en la administración estatal.

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Asimismo, el articulista expone la tensión entre el Gobierno federal y la administración local respecto al manejo de esta situación política:

"La gobernadora es uno de los problemas que le cayeron encima a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene una posición dual con Ávila. Públicamente la sigue respaldando y viajando a Baja California para mostrarse con ella, pero internamente no ha dejado de expresar su molestia por la forma como ha administrado la crisis política que arrastra desde hace más de un año", señala el autor.

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Riva Palacio concluye exponiendo la postura de Palacio Nacional frente a los señalamientos internacionales: "El miércoles, en la mañanera, le preguntaron a la Presidenta sobre las sanciones, y respondió con evasivas, distractores y sugiriendo que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que ejecuta las penalidades, se equivoca. Mientras tanto, en Washington, cuya voz sí escuchan en el mundo, siguen construyendo su caso de que México está controlado por los cárteles".

Con información de Raymundo Riva Palacio

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