FGR rechaza persecución a Ernesto 'N'; se le investiga por 'huachicol' ferroviario
En un comunicado, la Fiscalía reiteró que las actuaciones se han realizado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos
La Fiscalía General de la República (FGR) negó este lunes que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto "N", responda a una persecución política y sostuvo que su vinculación al proceso deriva de su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril.
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En un comunicado, la institución afirmó que fueron sus propias investigaciones las que revelaron la posible intervención de Ernesto "N" y de otras personas procesadas, y defendió que las actuaciones se han realizado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
La FGR añadió que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución mexicana, por lo que las personas imputadas por ese ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.
El pasado 23 de julio, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto "N" y otras siete personas por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles.
Según informó antes la Fiscalía, Ernesto "N" fue procesado por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, recibió la prisión preventiva y permanece en el penal federal del Altiplano, en el central Estado de México.
La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y después se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
La FGR sostiene que se declaraba solo el 10% del contenido real de algunas unidades.
La institución también señaló que Ernesto "N" se incorporó en 2018 al capital de la empresa identificada como principal importadora y que para 2021 era accionista y secretario del consejo de administración.
Antes de su detención, el exgobernador, de 74 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), negó irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras opositores del gobierno han calificado el caso como "persecución política".
JM