INE rechaza emitir lineamientos para actos anticipados de campaña

La mayoría de consejerías conocidas como "bloque Taddei" volvió a imponerse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos rumbo a las elecciones de 2027, iniciativa que buscaba establecer mecanismos con la finalidad de vigilar desde ahora los gastos en recorridos, eventos, propaganda y actividades de posicionamiento de actores políticos.

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La votación, celebrada el 8 de octubre, volvió a exhibir las diferencias entre los consejeros electorales acerca de los alcances de la facultad fiscalizadora del Instituto y la necesidad de crear reglas específicas para supervisar actividades políticas previas al inicio formal de las precampañas. Se trata de una discusión que ha regresado en diferentes ocasiones a su Consejo General sin conseguir los votos necesarios con la intención de aprobar dicha regulación.

En contra del proyecto votaron la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como las consejerías de Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez. A favor se pronunciaron los consejeros que impulsaron la propuesta, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, además de Rita Bell López.

Defienden necesidad de aprobar lineamientos

Castillo defendió la necesidad de aprobar estos últimos lineamientos al advertir que, a pesar del comienzo formal del proceso electoral 2026-2027 el pasado 10 de septiembre, continúan los recorridos territoriales, eventos, encuestas, traslados y difusión de propaganda en medios digitales relacionados con procesos políticos para definir liderazgos y candidaturas.

Sostuvo que el objetivo no era declarar ilegales esas actividades ni presumir que constituyen, por sí mismas, actos anticipados de precampaña o campaña, más bien establecer mecanismos para conocer el origen, monto, destino y aplicación de los recursos involucrados.

Advirtió que, sin reglas específicas para su revisión oportuna, los gastos podrían acabar incorporados a la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyos resultados de fiscalización se conocerían hasta el segundo semestre de 2027, cuando el proceso electoral ya habría concluido.

"Lo que sostengo es que debemos contar con mecanismos para conocer su origen, monto, destino y aplicación y determinar oportunamente si se ajustan a la normativa electoral", planteó durante la sesión.

Humphrey también defendió la propuesta al considerar que la facultad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral es permanente y que la falta de reglas específicas para determinados procedimientos no debe impedir la revisión de los recursos empleados en actividades de posicionamiento político.

Por su parte, Faz respaldó la necesidad de establecer mecanismos preventivos con el objeto de identificar los gastos relacionados con esos procesos y evitar posibles ventajas indebidas antes del inicio de las precampañas.

Cuestionan alcances jurídicos y necesidad de nuevas reglas

Entre las objeciones al proyecto, De la Cruz comentó que el documento presentaba contradicciones y cuestionó que se pretendieran regular conductas que, a su juicio, ya pueden atenderse mediante los procedimientos previstos en la legislación electoral.

Además, se plantearon dudas sobre los límites de las atribuciones de fiscalización del INE, particularmente con referencia a la propaganda, las redes sociales y la participación de funcionarios públicos.

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Espadas cuestionó la necesidad de crear un instrumento adicional si las conductas que se busca vigilar ya están contempladas en la legislación vigente. En tanto, Taddei indicó la necesidad de un mayor análisis técnico-jurídico y de una construcción colegiada de la propuesta.

Asimismo, cuestionó que el proyecto regresara a discusión sin cambios sustanciales que justificaran, a su juicio, una nueva deliberación, además de señalar la falta de una socialización suficiente con todas las consejerías y las representaciones partidistas.

Después del rechazo, este Instituto sostuvo que la votación no significa que haya perdido sus facultades para investigar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos, ni que se cierre la posibilidad de aprobar lineamientos posteriores.

JM