¿De cuánto es la multa si no se cumple Ley de Aguas Nacionales?
Según el PVEM, la reforma protege a los campesinos y productores, termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, entre otros actos
La Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, estableciendo sanciones económicas y penales para quienes incumplan las disposiciones sobre concesiones y uso del agua.
La reforma fue avalada en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.
¿De cuánto es la multa y sanciones por ceder concesiones de agua?
Con los cambios, se prohíbe ceder, transmitir o cambiar el uso del agua otorgada en concesión. Quienes incumplan podrán recibir multas de entre 244 mil 382 y tres millones 394 mil 200 pesos, que en caso de reincidencia pueden aumentar hasta en una tercera parte, alcanzando un máximo de cuatro millones 525 mil 600 pesos.
Además, se contempla prisión de uno a ocho años y multas adicionales de 34 mil hasta 339 mil pesos a quienes busquen concesiones, permisos o prórrogas mediante sobornos a servidores públicos.
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La Ley General de Aguas regula también la captación de agua pluvial para uso doméstico y define las responsabilidades de los tres órdenes de Gobierno en acceso, disposición y saneamiento del recurso. Se estableció un catálogo de delitos relacionados con el uso indebido del agua y se creó el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, administrado por Conagua, con los volúmenes provenientes de la extinción o cesión de concesiones, así como los derechos preferentes.
Asimismo, las unidades y distritos de riego deberán reportar anualmente el volumen de agua extraído, utilizado, la superficie cultivada, los cultivos regados y la producción obtenida, a fin de transparentar su aprovechamiento.
El diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo, aseguró que la reforma protege a los campesinos y productores, termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, fomenta el tratamiento de aguas residuales y garantiza la disponibilidad del recurso para las generaciones presentes y futuras, sin penalizar el uso familiar o doméstico en actividades agropecuarias.
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