Caso Rubén Rocha Moya; funcionarios políticos ya habían reportado amenazas

El 23 de agosto de 2021, una comitiva de líderes políticos, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; Marko Cortés, quien entonces era el dirigente nacional del PAN, y Jesús Zambrano, exdirigente nacional del extinto PRD, aterrizó en Washington D.C. con un expediente de 53 páginas que denunciaba lo que llamaron una elección con influencias del narcotráfico. 

Lo que en ese entonces fue presentado ante organismos internacionales, hoy recobra fuerza, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos por acusaciones de vínculos delictivos.

La delegación opositora no buscó instancias menores; presentó su denuncia formal ante Luis Almagro Lemes, secretario General de la OEA; Juan S. González, entonces director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Jennifer Brown, del Departamento de Estado, y Tania Reneaum Panszi, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento, ahora en poder del periódico El Universal, relata la jornada de violencia ocurrida el 6 de junio de 2021 en Sinaloa. Según los testimonios recabados, grupos armados operaron con precisión militar para desarticular a los líderes de ciertos partidos. 

¿Qué supuestos delitos se presentan en el expediente?

En Culiacán, la madrugada previa a la elección, comandos irrumpieron en el domicilio de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI. “Fue golpeado y secuestrado durante 50 horas”. Su “delito” era poseer los nombres y domicilios de toda la estructura electoral que vigilaría las casillas.

Este no fue un hecho aislado. El informe detalla levantones masivos de operadores políticos. Testigos protegidos citados en la denuncia narran cómo hombres armados los subían a camionetas, les cubrían el rostro con cinta canela y les daban un violento ultimátum.

Una de las supuestas consignas que documenta el informe fue la amenaza de los sicarios a los líderes de zona, acerca de que “si Rocha no ganaba”, habrían consecuencias terribles.   

Asimismo, el expediente señala municipios como Badiraguato, Guasave, Concordia y Elota. En Badiraguato, la candidata Guadalupe Iribe Gascón se retiró tras el secuestro de sus operadores. Mientras que en Concordia, al candidato del PRD “lo cachetearon en su casa” y le ordenaron abandonar el estado.

En Guasave, la regidora Martha Yolanda Dagnino y otros funcionarios municipales fueron retenidos por grupos criminales hasta las 06:00 de la tarde, hora exacta en que cerraron las casillas. El resultado final fue un triunfo de Rubén Rocha Moya, con 56.60% de los votos, en una jornada donde las autoridades estatales de seguridad guardaron un silencio absoluto ante los reportes de violencia.

El informe de 53 páginas ofrece también una numeralia del proceso electoral 2020-2021 a nivel nacional: mil 66 delitos y agresiones contra políticos y electores; 102 homicidios dolosos de figuras políticas; 24% de los ataques fueron perpetrados directamente por comandos armados; 693 víctimas directas, un incremento de 68% respecto a la elección anterior; 35 agresiones diarias durante la semana previa a la elección.

Tres años después y tras la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y las cartas atribuidas al capo han puesto el nombre de Rubén Rocha Moya en el centro de una investigación de alto nivel en Estados Unidos. Las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, que funcionarios políticos denunciaron en 2021 por el triunfo de Moya forma hoy parte de la narrativa oficial de las agencias estadounidenses.

Es altamente probable que el caso Sinaloa, descrito en aquella denuncia de 53 páginas, sea integrado como un expediente de evidencia sobre los presuntos vínculos de Rocha Moya con el narcotráfico.

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AO