Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por desapariciones
Denuncian la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor
Con más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad de 99.6%, Amnistía Internacional (AI) urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional, al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del Artículo 34 de la convención internacional.
Cifras que evidencian una crisis humanitaria
La organización subrayó que la magnitud del problema también se refleja en más de dos mil 341 colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas y en el hallazgo de cinco mil 696 fosas clandestinas.
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Indicó que desde 2006, se han registrado 118 mil 207 personas desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 89% del total actual.
ONU abre canal internacional ante desapariciones en México
En su carta, Amnistía Internacional calificó como un "hito histórico" la decisión del Comité de la ONU de activar el procedimiento internacional, al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a una crisis que, señala, ha sido minimizada.
La organización cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado y advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente.
Impunidad y riesgos agravan la situación
Alertó que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un contexto de impunidad casi absoluta.
En sus conclusiones, Amnistía sostuvo que hay elementos suficientes para considerar que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y reiteró que la impunidad es el principal factor que perpetúa la crisis.
Entre sus principales exigencias, pidió:
- Declarar la crisis como emergencia nacional con resultados medibles.
- Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares.
- Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia.
También denunció la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor.
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