Prevalece impunidad por desapariciones

María Guadalupe Fernández lleva 17 años y seis meses buscando a su hijo, José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en 2009 en Monclova, Coahuila. Desde entonces, participa en labores de búsqueda junto con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. “Vivo como todas las mamás y familiares: es un sufrimiento ininterrumpido”. 

En 2021, se registraron tres sentencias por el caso, pero por delitos como secuestro o delincuencia organizada. Ninguna por desaparición.

El caso de María Guadalupe resume uno de los principales obstáculos que enfrentan familiares de personas desaparecidas en México: la impunidad. Desde 2018 a la fecha, suman 552 sentencias por desaparición cometida por particulares o forzada, según cifras proporcionadas vía Transparencia por los 32 Poderes Judiciales estatales del país. Sin embargo, en México hay 133 mil personas que siguen sin ser localizadas; es decir, hay apenas una sentencia por cada mil casos de desaparición. El resto permanece sin una resolución judicial. 

Para especialistas, jueces y autoridades, una de las razones que explican el bajo número de sentencias está en la propia naturaleza del delito. 

Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, reconoce dificultades para lograr que, en estos casos, los testigos aporten información y colaboren. 

Mientras que José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, explica que se trata de investigaciones complejas que implican conocer información sobre la última ubicación de las víctimas y, posteriormente, el uso de tecnología. Pero aun así, reconoce la complejidad en el delito que provoca que no se llegue a la justicia, como fue el caso de María Guadalupe Fernández.

Por otro lado, especialistas como Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, uno de los académicos que más seguimiento ha dado al tema de las desapariciones, critica que se trata de una impunidad “prácticamente absoluta”, ya que como lo señaló el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, “se trata del crimen casi perfecto”. 

Ejemplo de ello es que en todos los Estados, la impunidad en este delito supera el 99.98%. Guanajuato es la Entidad que más condenas registra con 105. Jalisco aparece en segundo lugar, con 80 sentencias, pese a ser el Estado con más casos de desaparición, con más de 16 mil víctimas. Hay Entidades como Sinaloa que no reportaron condenas. 

Para Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, hay serias deficiencias en materia de investigación que impiden que se lleven a juicio los casos, pese a las denuncias interpuestas. Y la situación se agrava porque se acumulan los hechos de desaparición y se rezagan las investigaciones, impidiendo el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas.

Joseph Olid Aranda, abogado penalista, advierte que en los casos de desaparición, los responsables buscan que no haya rastros o evidencia de las víctimas, con lo que se eleva la dificultad de las indagatorias. Además, señala que no hay herramientas suficientes para personal ministerial, sumado a las conocidas deficiencias y la corrupción en fiscalías y poderes judiciales.

Admiten dificultades para indagar en desapariciones

Autoridades del Gobierno del Estado reconocen las dificultades para las investigaciones de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, situación que propicia que haya pocas sentencias.

José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, reconoce que se trata de investigaciones complejas que implican el uso de tecnología e información aportada por personas conocidas o cercanas a las víctimas.

“Es un delito complejo porque en muchas ocasiones, y nos consta, son investigaciones complejas, principalmente científicas, donde, partiendo de la información que se aporta por algún familiar o persona cercana para saber dónde fue el paradero, se inician con investigaciones de carácter tecnológico, científico, con seguimiento de cámaras, búsqueda de evidencias”.

Resalta que han dado seguimiento puntual a las indagatorias, al señalar que hay más de 30 sentencias por los delitos de desaparición durante 2025. Sin embargo, explica que la prioridad es seguir con la coordinación entre los entes de justicia para que se atiendan de manera favorable.

“El Poder Judicial no debe ser extremadamente rigorista en la valoración de las pruebas, sino que debes de buscar, digamos, armonizar, para identificar cuándo es necesario y cuándo es procedente dictar sentencias condenatorias”.

Por otro lado, Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, reconoce la complejidad de las investigaciones porque los testigos no aportan información ni colaboran.

“Muchas veces los testigos no quieren aportar información, no quieren colaborar, donde es difícil rastrear e identificar quién perpetra una desaparición porque generalmente van cubiertos del rostro”, puso como ejemplo.

La funcionaria indicó que hay múltiples casos en los que se recupera a las víctimas y, en algunos de ellos, se determina que no fueron víctimas de algún delito, por lo que no se judicializan las carpetas de investigación de casos de desaparición.

Pese a ello, aseguró que se ha trabajado en Jalisco, pues recordó que en el Estado hay niveles de judicialización y sentencias condenatorias más altos que en otras entidades.

Las voces de los colectivos

“Esa coordinación interinstitucional es muy pobre y no se da. Mientras no existan estrategias claras para combatir la expansión de organizaciones criminales, vamos a seguir viendo temas de reclutamiento, de desapariciones ante un Estado débil”.

Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.

“Nos están dando largas los jueces, con el primero que detuvieron en 2020 y ya es mucho tiempo para que no lo hayan sentenciado. Todavía tenemos el caso abierto”.

Rafael Ramírez, buscador en Jalisco.

“Ninguno de esos presidentes de la República han hecho nada. Todos simulan que hacen y al final, hemos hecho las familias, somos las que hemos hecho leyes hemos reformado artículos, tratado de hacer que sea más fácil el acceso a la justicia”. 

María Guadalupe Fernández, de FUUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México).

“No hay muchos avances, las leyes cada día cambian, cada día hay más impunidad. Como son casos que ya tienen años, no le dan importancia. Si tienes a cuatro personas detenidas, no puedas tú sacar dónde quedó él”.

Leticia Lozano, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León.

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Voz del experto
Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM

No desmantelan estructuras criminales

Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, tiene claro que el delito de desaparición en México tiene una impunidad “prácticamente absoluta”, calificándolo como una situación “gravísima”.

El especialista recordó que en México hay más de 133 mil personas desaparecidas. Al registrarse 561 sentencias condenatorias tanto por desaparición cometida por particulares como forzada en México, sustenta lo dicho por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que declaró que “se trata del crimen casi perfecto”.

El académico apuntó que, aún con las condenas, no se desmantelan las estructuras, muchas veces apoyadas por el Estado, por lo que solo hay castigo para autores materiales.

“En la inmensa mayoría de esos casos están detenidos o sentenciados personas que son los autores materiales de la desaparición, pero difícilmente a los autores intelectuales o quienes dan las órdenes”.

Dayán dijo que hay patrones regionales y puso de ejemplo los casos de reclutamiento forzado en Jalisco. En Veracruz, apuntó, hubo participación de policías estatales, al igual que en Coahuila, Baja California o Chiapas.

Dayán señaló que las instancias de seguridad fallan y garantizan impunidad porque no hay investigaciones, además de estar cooptadas. También recordó la falta de identificación forense: registros periodísticos apuntaban a más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país.

Voz del experto
Joseph Olid Aranda, abogado penalista

Fallan herramientas de investigación

Joseph Olid Aranda, abogado penalista, tiene claro que hay fallas en el sistema de justicia que permite que haya impunidad al investigar casos de desaparición en México.

En primera instancia, menciona que los criminales borran cualquier evidencia que deriva en dificultades para las autoridades al investigar los casos: “Sus autores buscan no dejar rastro, no dejar evidencia, buscan que no se sepa el paradero de una persona (…) se eleva la dificultad en la investigación y en el proceso de búsqueda”.

Por otro lado, agregó la falta de elementos suficientes dentro de las instancias de justicia, por ejemplo, la ausencia de personal para atender los asuntos dentro de las fiscalías.

“Cuando tienes una saturación de los casos, particularmente en el caso de las fiscalías, ello genera que un grupo de personas se tengan que dividir entre un grupo de carpetas”.

El especialista señaló que los grupos delictivos ya conocen cuáles son las carencias y las deficiencias de la estructura jurídica, lo que complica más las indagatorias.

En el caso del Poder Judicial, alertó que “está presente el factor de corrupción”, aunque las policías y las fiscalías no están exentas.

Otro factor es la falta de regulación de cómo se siguen los procesos. “No se han sabido aprovechar, marcar la dinámica o metodología para aprovechar la información que se tiene al alcance”, dijo.

Voz de la experta
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa

Hay deficiencias en las indagatorias

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, advierte serias deficiencias en materia de investigación de casos de desaparición de personas que complica que las víctimas o familiares accedan a la justicia.

La situación se agrava porque se acumulan los hechos de desaparición y se rezagan. “En la última misión que tuvo el Comité, hace referencia a que, casi el 1% o menos del total de casos reportados en materia de desaparición llegan al sistema de justicia, esto nos habla que ni en las fiscalías ni en los tribunales están llegando estos casos, a pesar de que hay las denuncias”.

Criticó que la proporción de sentencias es “ínfima” en comparación con los casos de personas desaparecidas. Además, agregó que hay reportes de la Universidad Iberoamericana que advierte la diferencia en los registros de hechos relacionados con la desaparición, como los hallazgos de fosas clandestinas.

Por otra parte, coincidió en que los castigos van sobre quienes cometen las desapariciones y no contra quienes las ordenan.

“Da la impresión de que las investigaciones están enfocadas en responsabilizar a la persona que materialmente cometió la desaparición cuando, en realidad, se requieren estructuras complejas”.

Por lo tanto, los casos se van rezagando, acumulándose y complicando la labor de acceso a la justicia.

Desapariciones se concentran en cinco estados

En México hay más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, y 44% de los casos se concentra en cinco entidades del país, de acuerdo con los registros disponibles.

Jalisco ocupa el primer lugar nacional, con 16 mil 192 personas que continúan sin ser localizadas, según datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Sin embargo, existe una diferencia respecto del Registro Nacional, que contabiliza 12 mil 970 casos en la entidad, es decir, 3 mil 222 reportes menos.

En segundo lugar se encuentra el Estado de México, con 14 mil 339 víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional, en lo que va de 2026 se han reportado 51 casos de personas que continúan desaparecidas en esa entidad.

Tamaulipas ocupa el tercer puesto, con 13 mil 836 víctimas, mientras que Nuevo León y Veracruz aparecen en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. En conjunto, estas cinco entidades concentran 44% de las personas desaparecidas en México.

A nivel municipal, un análisis de la organización Red Lupa, actualizado a agosto de 2026, señala que Tijuana, Baja California, registra el mayor número acumulado de personas desaparecidas, con 3 mil 300 casos.

Después aparecen Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, los tres en Tamaulipas. Guadalajara, Culiacán, Monterrey, Zapopan, Atlautla y Mazatlán completan los primeros 10 lugares del listado.

Sin embargo, el análisis no incorpora los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, situación que podría modificar las cifras y posiciones que actualmente ocupan Guadalajara y Zapopan dentro del ranking nacional.

CT