Gobierno denuncia acopio ilegal de agua en rancho de exgobernador de Chihuahua
Según explicó el director de la Conagua en "La Mañanera del pueblo", en la finca había cinco represas y varios pozos, obras que se hicieron de forma ilegal y sin permisos
El Gobierno de México denunció hoy miércoles el acopio ilegal de unos 700 mil metros cúbicos de agua en un rancho de un exgobernador del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, una zona muy seca y desde la que se hacen entregas de agua a Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral.
"Está en la cuenca del acuerdo de 1944 con Estados Unidos, es el uso privado de un recurso nacional sin permiso, sin concesión", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" de este día. "Ahora se va a presentar denuncia penal a la Fiscalía General de la República".
México está esforzándose por entregar el agua que debe a su vecino del norte de acuerdo con ese tratado, sobre todo después de la amenaza del presidente Donald Trump de imponer más aranceles y sanciones si no se cumplía con lo suscrito. Pero su capacidad está limitada por la sequía.
El rancho es propiedad César Duarte, quien fuera gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, posteriormente detenido en Miami y extraditado a México en 2022 por diversos cargos de corrupción y malversación de fondos públicos.
La finca está en un estado clave del que salen las principales entregas de agua a Texas porque, según el tratado bilateral, México debe entregar agua de la cuenca del Río Bravo, aunque recibe de Estados Unidos mucha más agua de las cuencas ubicada en el extremo este de la frontera.
Según explicó Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la finca había cinco represas y varios pozos, obras que se hicieron de forma ilegal y sin permisos. Una de ellas comenzó a destruirse el martes -según un video mostrado por Morales- para que el agua volviera al cauce del río.
La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esa acción se hizo de forma legal, pero que un juez aceptó un amparo y ordenó paralizarla, por lo que ahora se alista una denuncia penal no solo por el uso ilegal de un bien público, sino también por el "contubernio de autoridades" en ese proceso, agregó.
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