Emiten recomendación por violaciones a derechos humanos en Tamaulipas
El 6 de mayo de 2013, policías entraron a un domicilio sin presentar una orden de cateo y detuvieron de manera ilegal a las tres personas adultas, una de las cuales fue torturada
Elementos de la Policía Federal irrumpieron en un domicilio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde violaron los derechos humanos de ocho personas, cinco menores de edad y tres adultos, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 27/2018, dirigida a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La madre de dos de las mujeres agraviadas presentó la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que la remitió a la CNDH. En el documento indicó que policías federales irrumpieron el 6 de mayo de 2013 en el domicilio donde estaban sus hijas, su yerno y su nieta de seis meses, acompañados por una amiga de su hija y sus tres hijos, de ocho, 12 y 13 años.
La CNDH halló evidencias que acreditan que los policías entraron en el domicilio sin presentar una orden de cateo expedida por la autoridad competente y detuvieron de manera ilegal a las tres personas adultas.
La versión de los agentes fue diferente, porque indicaron que la detención se realizó mientras dos de las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo, donde portaban una bolsa que contenía “mentafetamina” y cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La CNDH detectó que “una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar”.
La Comisión mencionó también que agentes trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones, “sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses”.
Por esas razones recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas y que solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) indague la probable comisión de los delitos de lesiones y abuso de autoridad.