Congreso de Jalisco rechaza Plan B electoral
El Plan B electoral fue rechazado por la mayoría de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI mientras que Morena y aliados votaron a favor de su implementación
El Congreso de Jalisco rechazó la armonización del llamado "Plan B" electoral en el estado. Dicha reforma fue impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los privilegios y ampliar y fortalecer la participación ciudadana en consultas populares.
Sin embargo, el Plan B electoral fue rechazado por la mayoría de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI mientras que Morena y aliados votaron a favor de su implementación.
El "Plan B" aprobado por el Legislativo estatal proponía replicar puntos avalados por el Congreso de la Unión en la reforma federal, por ejemplo, limitar el número de regidurías hasta un máximo de 15 en los cabildos de los 125 municipios de Jalisco; respetar los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva; topar el presupuesto anual del Congreso local para que no excede el .70% del presupuesto total de egresos del Estado y que los salarios de funcionarios electorales como magistrados o consejeros no sea superior al de la presidenta de México.
Pero dichos planteamientos no fueron suficientes para los legisladores, ya que la priista Alondra Fausto de León, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, cuestionó la reforma.
"No es que estemos en contra de la austeridad. La democracia no se construye debilitando los mecanismos de evaluación ciudadana ni cerrando espacios de participación".
Otro punto que provocó el debate entre las fracciones parlamentarias fue la propuesta de establecer requisitos para las personas que deseen ser candidatas a algún cargo de elección popular como la gubernatura, diputaciones locales o presidencias municipales.
Entre los requisitos, estaba el presentar una constancia de no antecedentes penales y constancia válida que acredite no haber sido sentenciado por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en cualquiera de sus modalidades, corrupción o portación ilegal de arma de fuego; también se pide acreditar los exámenes médico, toxicológico, psicológico y de polígrafo, así como presentar la evolución de su situación patrimonial correspondiente a los últimos 10 años.
En este punto, Movimiento Ciudadano, PAN, Partido Verde y PRI estaban a favor de los requisitos, con el argumento de evitar que aspirantes con antecedentes penales o vinculados con el crimen organizado lleguen a ocupar cargos de elección popular como los ex alcaldes de Tequila y Teuchitlán, detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado o el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, investigado por el gobierno de Estados Unidos por los mismos supuestos.
Por su parte, Morena y aliados señalaron estar a favor de poner candados a aspirantes, pero rechazaron la medida, incluso, la consideraron como inconstitucional.
En la sesión, no se discutieron las leyes secundarias de transparencia pese a que se había planteado aprobarlas tras más de 4 meses de haberse cumplido la fecha límite para avalarlas.
MF