Jueces detonan impunidad
La liberación de un ladrón por errores procesales exhibe las fallas del sistema de justicia en Jalisco
Aunque fue sorprendido en flagrancia al exterior de una vivienda, con los objetos robados en su poder y detenido en el momento por policías de Guadalajara, un ratero recuperó su libertad debido a los errores procesales.
El imputado debía presentarse el pasado 10 de junio a una audiencia de formulación de imputación; sin embargo, no acudió. Ante ello, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión para localizarlo y continuar con el proceso, pero hasta ahora el juez encargado del asunto no ha resuelto si concede esa medida. El juzgador ni siquiera aprobó prisión preventiva para evitar que se fugara.
Los hechos ocurrieron en una finca de la Colonia Country Club, en Guadalajara. La abogada de la víctima, Livier Mercker, explicó que la carpeta de investigación contaba con pruebas suficientes para sustentar la acusación. Incluso, se documentó que el señalado carecía de un domicilio fijo donde pudiera ser localizado, circunstancia que representaba un riesgo de fuga.
No obstante, el juez José Herminio Jasso determinó dejarlo en libertad debido a las inconsistencias detectadas en la detención, en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y en la integración de la investigación realizada por el Ministerio Público.
“Nosotros solicitamos la fecha para la formulación de la imputación. Él quedó debidamente notificado dentro de la audiencia y debía presentarse el 10 de junio”, explicó la litigante. Señaló que, tras la liberación del imputado, se pidió fijar una nueva audiencia para informarle formalmente que era investigado por el delito de robo y que debía acudir voluntariamente ante la autoridad judicial. Sin embargo, tal como se preveía, el acusado no se presentó.
Ahora corresponderá al juez decidir si gira una orden de aprehensión para garantizar su comparecencia. Mientras tanto, el proceso permanece detenido, pese a que existen elementos de prueba.
El caso ilustra cómo los errores procesales pueden traducirse en impunidad, aun cuando existan indicios sólidos contra una persona. La audiencia inicial de formulación de imputación, que marca el arranque formal del proceso penal tras la recopilación de la evidencia, no podrá celebrarse hasta que el imputado sea localizado y puesto a disposición de la autoridad judicial.
Especialistas coinciden en que estos casos evidencian fallas estructurales en el sistema de justicia. El abogado penalista Joseph Olid Aranda señala que, aunque el sistema acusatorio brinda mayores garantías, persisten deficiencias en fiscalías y juzgados. Añade que la saturación de expedientes y la falta de capacitación hacen que muchas resoluciones dependan más del criterio del juez que del fondo del caso.
El académico del ITESO, Jesús Ibarra, sostiene que el Poder Judicial arrastra problemas relacionados con prácticas de influencia política e irregularidades administrativas. Cuestiona la ausencia de mecanismos eficaces de control y vigilancia sobre el manejo de recursos.
La académica de la Universidad Panamericana, Bianka Llamas, considera indispensable fortalecer la capacitación de los juzgadores y agilizar la resolución de asuntos para evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente.
Los diagnósticos nacionales respaldan estas preocupaciones. Estudios de México Evalúa y Causa en Común ubican a Jalisco entre las Entidades con peores resultados en procuración de justicia, con un nivel de impunidad de 97.8% en los delitos denunciados.
En Jalisco se castigan menos de tres de cada 100 delitos
Jalisco figura entre las entidades con peores resultados en procuración de justicia del país. De acuerdo con estudios de México Evalúa y Causa en Común, la entidad registró un nivel de impunidad de 97.8 por ciento en los delitos denunciados e investigados, lo que significa que menos de tres de cada 100 casos lograron una resolución.
Además, cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo cerca de 900 carpetas de investigación, por lo que la Fiscalía estatal registra la mayor carga laboral entre sus homólogas a nivel nacional.
El informe Radiografía de la Impunidad en México 2024, elaborado por México Evalúa, señala que Jalisco se ubicó por encima de entidades como Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México en este indicador. El organismo advierte que las fallas ocurren a lo largo de todo el proceso penal, desde la denuncia hasta la conclusión de las investigaciones y los procedimientos judiciales.
Asimismo, señala que en la entidad existe “una fuerte tendencia a suspender investigaciones sin una resolución de fondo, lo que sugiere una saturación estructural de la fiscalía y limitadas capacidades de investigación”.
Por su parte, el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías, elaborado por Causa en Común, identificó a Jalisco como la entidad con la mayor carga de trabajo para los agentes del Ministerio Público en México. El reporte indica que cada agente ministerial tuvo bajo su responsabilidad un promedio de 896 carpetas de investigación durante 2024.
En total se gestionaron 628 mil 273 casos, la cifra más alta del país, atendidos por apenas 701 agentes. En comparación, el Estado de México, segundo lugar en carpetas de investigación abiertas durante 2024, cuenta con mil 287 agentes del Ministerio Público. Ciudad de México, donde se iniciaron 511 mil 50 carpetas, dispone de dos mil 182 agentes.
México Evalúa y Causa en Común coinciden en señalar problemas estructurales, falta de personal y limitadas capacidades institucionales para resolver delitos en Jalisco. Mientras el primer organismo alerta sobre los elevados niveles de impunidad y el rezago en la resolución de casos, el segundo advierte sobre la sobrecarga laboral que enfrenta la Fiscalía estatal. Ambos ubican a la entidad entre las peores del país en materia de procuración de justicia.
¿Para qué sirvió la reforma judicial en Jalisco?
• ¿Qué ocurrió?: Jalisco no aprobó a tiempo la reforma judicial para armonizarse con la legislación federal. Por ello, no realizó elecciones de jueces y magistrados locales en 2025, como sí ocurrió a nivel federal y en otros estados.
• ¿Qué consecuencias tuvo?: Sigue la diferencia entre justicia local y federal Según el abogado Joseph Olid Aranda, los tribunales federales continúan corrigiendo decisiones de jueces estatales mediante amparos. Persisten señalamientos por violaciones a derechos humanos en la justicia local.
• Se mantienen las estructuras actuales: El académico Jesús Ibarra (ITESO) considera que no hubo voluntad política para modificar el Poder Judicial estatal.
Asegura que continúan los mismos equilibrios y formas de control dentro de la institución.
• La armonización será inevitable: Especialistas prevén que Jalisco deberá adoptar los lineamientos de la reforma judicial federal.
El margen para crear un modelo distinto será limitado.
• ¿Hubo algún beneficio?: A corto plazo no se observan cambios relevantes en la impartición de justicia.
Algunos expertos consideran que la futura reforma podría permitir la llegada de nuevos perfiles al Poder Judicial.
• La mirada está en 2028: La académica Bianka Llamas Covarrubias estima que la futura elección judicial podría fortalecer la confianza ciudadana e incorporar perfiles mejor preparados.
La elección de jueces y magistrados locales está prevista para 2028.
• En resumen
Jalisco incumplió el plazo para aprobar su reforma judicial.
No hubo elección judicial local en 2025.
Persisten críticas por fallas en la justicia estatal.
Continúan las estructuras políticas dentro del Poder Judicial.
El estado deberá armonizar su legislación con la reforma federal.
Las expectativas de cambio están puestas en la elección judicial de 2028.
Jueces afectan a las víctimas
El hijo de Rafael Ramírez desapareció en abril de 2020 y fue localizado sin vida en mayo de 2022. Durante ese tiempo, dos hombres fueron detenidos y enfrentan proceso penal por desaparición y homicidio. Sin embargo, seis años después de los hechos, los juicios continúan sin avances significativos. La familia atribuye la demora a los aplazamientos de audiencias.
“Hemos querido que se celebre la audiencia y la difieren por cualquier cosa. Ya promovimos un amparo y ni así”, dijo.
Desde hace años acude a los juzgados con la esperanza de que el caso avance. No obstante, asegura que las respuestas son las mismas: falta de tiempo y reprogramación de audiencias. Él y su familia afirman sentirse agotados y revictimizados por el sistema de justicia.
Según la Radiografía de la Impunidad 2024, de México Evalúa, el 97.81 por ciento de los delitos denunciados en Jalisco quedan sin castigo.
La demora en los procesos judiciales es una de las principales quejas de víctimas y abogados. Los aplazamientos de audiencias y la carga de trabajo en los juzgados suelen alargar los casos durante años, afectando el acceso a la justicia.
El caso también evidencia que los problemas de acceso a la justicia alcanzan al Poder Judicial. Joseph Olid Aranda, abogado penalista, señaló que los juzgados enfrentan saturación de expedientes y deficiencias de capacitación.
“La falla principal es la saturación, pero también existe un problema de capacitación. Los poderes judiciales no han sabido consolidar criterios que reduzcan la discrecionalidad”, afirmó.
Incluso advirtió que el resultado de un proceso puede depender del juez asignado, una circunstancia que no debería influir en la suerte de una persona imputada.
Jesús Ibarra, académico del ITESO, consideró que el Poder Judicial de Jalisco suele ubicarse en los últimos lugares de evaluaciones y señaló una captura institucional heredada de gobiernos del PRI y PAN.
Se solicitó una postura al Poder Judicial del Estado; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Voces de los expertos
Bianca Llamas Covarrubias, académica de la Universidad Panamericana.
Joseph Olid Aranda, abogado penalista.
Jesús Ibarra, académico del ITESO.
Contrastes tras la elección judicial
En junio de 2025 se realizó la primera elección para renovar el Poder Judicial de la Federación, proceso que incluyó a los órganos jurisdiccionales del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.
Para algunos especialistas, la reforma presenta tanto beneficios como riesgos. Bianka Llamas Covarrubias, académica de la Universidad Panamericana, considera que uno de los principales aspectos positivos es el acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía y el intento por combatir prácticas de nepotismo señaladas durante años dentro de la institución.
“El acercamiento con la ciudadanía, que conozcan al Poder Judicial. También el nepotismo, porque cuenta la leyenda que en el Poder Judicial hay muchas personas que son familiares de jueces y magistrados”, señaló.
La académica también destacó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal y que podría fortalecer la supervisión y sanción de funcionarios judiciales.
No obstante, advirtió riesgos importantes, entre ellos la posible politización del Poder Judicial a partir de los procesos electorales.
“El Poder Judicial debe mantenerse alejado de las campañas y de las elecciones; su función es impartir justicia e interpretar la ley”, afirmó. Además, alertó sobre la posibilidad de que lleguen a los cargos personas con menor preparación técnica o experiencia.
Por su parte, el abogado penalista Joseph Olid Aranda cuestionó algunos resultados de la reforma. Recordó que varios jueces que asumieron funciones tras la renovación enfrentaron dificultades por falta de preparación. Sin embargo, reconoció que en ciertos casos se observa una mejor atención a los justiciables, mayor transparencia y un interés más marcado por analizar los asuntos sometidos a consideración judicial.
En tanto, Jesús Ibarra, académico del ITESO, destacó que el Poder Judicial de Jalisco cuenta con fortalezas como la Escuela Judicial del Estado, considerada una herramienta relevante para la formación de personal jurisdiccional. Sin embargo, sostuvo que los avances institucionales siguen siendo limitados y que los recursos adicionales aún no se reflejan en mejoras sustanciales para la impartición de justicia.
CT