Jalisco, entre los Estados con más ordeñas a ductos de Pemex
El robo de combustible persiste a pesar de las reformas legales para su sanción; en el municipio de Degollado se localizaron 678 tomas clandestinas durante 2025
Jalisco se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), consolidándose como uno de los principales focos del robo de hidrocarburos en el país. Las cifras más recientes confirman no solo la persistencia del delito, sino también su arraigo en regiones específicas donde, pese a operativos y reformas legales, la actividad ilícita continúa.
Desde 2023, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en detección de tomas clandestinas, únicamente por debajo de Hidalgo, entidad históricamente asociada con el fenómeno del huachicol.
Aunque la tendencia muestra una disminución relativa, especialistas advierten que el volumen sigue siendo elevado y revela la dificultad de erradicar estas redes. Además, la reducción no necesariamente implica un debilitamiento estructural del delito, sino posibles variaciones en los métodos de operación o en los esquemas de detección.
Hidalgo también ha sido escenario de una de las tragedias más graves vinculadas al huachicol. El 19 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, una explosión provocada por una toma clandestina dejó un saldo de aproximadamente 137 personas fallecidas, según cifras del Gobierno federal. El siniestro ocurrió mientras decenas de pobladores se encontraban en el sitio recolectando combustible que emanaba de un ducto perforado, lo que evidenció los riesgos sociales y humanos asociados a esta práctica.
En Jalisco, si bien no se han registrado eventos de tal magnitud en años recientes, sí se han documentado incidentes relevantes. Durante 2024, al menos dos fugas de hidrocarburo obligaron a la evacuación de miles de habitantes en comunidades como Tololotlán, en el municipio de Tonalá, y El Tlacuache, en Zapotlanejo. Asimismo, en diciembre pasado se reportaron nuevas fugas en distintos puntos de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Zapotlanejo, lo que mantiene en alerta a autoridades y pobladores.
A nivel nacional, otras entidades con alta incidencia en lo que va de 2026 incluyen el Estado de México, con 169 tomas clandestinas; Puebla, con 168; Guanajuato, con 127; y Nuevo León, con 125. Estas mismas entidades figuraron entre las primeras posiciones durante 2025, lo que confirma la concentración regional del delito en corredores específicos de distribución de combustible.
En el ámbito municipal, el caso de Degollado, Jalisco, resulta particularmente significativo. Con una población que apenas supera los 20 mil habitantes, este municipio de la región Ciénega se ha posicionado como el de mayor incidencia de tomas clandestinas en todo el país, superando incluso a localidades de Hidalgo.
De acuerdo con información de Pemex, durante 2025 se localizaron 678 tomas clandestinas en Degollado, una cifra sin precedentes a nivel nacional. Este dato coloca al municipio en el primer lugar en hallazgos de perforaciones ilegales, a pesar de que el robo de hidrocarburos fue tipificado como delito grave en años recientes.
Impactos que van más allá de los ductos
Zona metropolitana, también vulnerable
Aunque suele asociarse a áreas rurales, varios de los municipios con incidentes recientes -como Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga- forman parte del Área Metropolitana de Guadalajara, lo que implica riesgos directos para zonas densamente pobladas.
Vinculación con otros delitos locales
El huachicol no opera de forma aislada: frecuentemente se conecta con robo de transporte, falsificación de documentos y redes de distribución ilegal en gasolineras, lo que amplía su impacto en la economía y seguridad regional.
Riesgo ambiental poco visibilizado
Las tomas clandestinas no solo implican robo: provocan contaminación de suelos y mantos acuíferos. Los derrames de hidrocarburos pueden afectar cultivos y agua potable durante años, generando daños ambientales acumulativos que rara vez se cuantifican públicamente.
Reclutamiento local como base del delito
Existen regiones donde las redes de huachicol operan con apoyo de comunidades locales mediante pagos, amenazas u otros incentivos. Esto genera economías paralelas donde el robo de combustible se vuelve una fuente de ingreso, dificultando su erradicar incluso con presencia militar.
TELÓN DE FONDO
Reforma se queda en el papel
En 2019, al inicio del Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobaron reformas para sancionar hasta con 15 años de prisión a concesionarios que incurrieran en el robo, compra o venta ilegal de combustibles, incluidas estaciones de servicio que comercializaran gasolina de procedencia ilícita. Sin embargo, los resultados han sido limitados. El miércoles, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que, tras un operativo de fuerzas federales, fueron detenidas 14 personas vinculadas al robo de hidrocarburos y al lavado de dinero en Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México. Se trata, según autoridades, de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes en el país.
Un día después, el propio funcionario confirmó la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en una red de huachicol fiscal. Por este mismo esquema, su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, permanece detenido desde septiembre.
A pesar de estos casos, los desmantelamientos de redes criminales siguen siendo excepcionales. En la mayoría de los operativos, no se reportan detenciones, lo que evidencia una brecha entre el marco legal y su aplicación.
Datos obtenidos vía Transparencia muestran esta disparidad. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, durante 2025, en Jalisco se interpusieron únicamente 119 denuncias por hallazgos de tomas clandestinas. No obstante, en ese mismo periodo se registraron mil 713 perforaciones ilegales hasta noviembre, y en lo que va del año suman ya 417 casos.
El contraste es aún más evidente frente a Hidalgo, entidad que acumuló más de 900 casos durante el año anterior y que, aun así, mantiene una mayor proporción de acciones legales en comparación con Jalisco, que ocupa el segundo lugar nacional en incidencia.
La tendencia tampoco ha mostrado cambios significativos en los últimos años. En 2024 se presentaron 192 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en 2023 se contabilizaron 267 querellas por huachicol.
Uno de los golpes más relevantes contra estas redes ocurrió en junio de 2025, cuando autoridades federales detuvieron a 32 personas, incluidos líderes de una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos. Durante el operativo, también se aseguraron miles de litros de combustible robado, armas y diversos insumos.
Pese a estas medidas, especialistas coinciden en que la baja proporción de detenidos y denuncias frente al número de tomas clandestinas evidencia que la reforma legal no ha logrado traducirse en una contención efectiva del delito. La persistencia del huachicol, tanto en su modalidad tradicional como fiscal, confirma que el problema va más allá de las sanciones y responde a fallas estructurales en la investigación, persecución y desarticulación de las redes criminales.