¿Por qué Daniel Ortega quiere impedir elecciones con participación opositora en Nicaragua?
El oficialismo sostiene que las reformas buscan proteger la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera, mientras sus críticos las consideran un nuevo paso hacia la concentración del poder
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha puesto en marcha un plan de trabajo para elaborar reformas a la Constitución y a otras normas, luego de que el presidente Daniel Ortega instruyera promover cambios destinados a impedir que la oposición vuelva a participar en procesos electorales.
El Parlamento, dominado por el oficialismo, informó que celebrará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE), cercano al Ejecutivo, para definir los procedimientos constitucionales, legales y administrativos que, según explicó, permitirán "garantizar las bases jurídicas" de las reformas.
Durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega afirmó que no permitirá la realización de procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo en el poder.
En ese contexto, también instruyó a los diputados y a las "organizaciones correspondientes" a preparar "las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán" competir en unas elecciones.
Hasta ahora, el alcance de la reforma electoral sigue sin precisarse. Ortega únicamente ha manifestado que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".
Además de rechazar la injerencia extranjera, el Gobierno sostiene que impulsa un modelo político propio orientado a preservar la paz y la estabilidad social.
El oficialismo promueve una democracia "popular y directa", basada en la movilización permanente de la población a través de las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los Gabinetes de la Familia y las organizaciones comunitarias.
Según el Gobierno, la alternancia política representa un riesgo porque podría facilitar el regreso del somocismo (corriente política que gobernó Nicaragua como una dictadura entre 1937 y 1979) y profundizar la división social.
Las decisiones de Ortega y sus aliados se explican en el contexto de la Revolución Sandinista, movimiento que llegó al poder en 1979 y que durante la década de 1980 enfrentó la insurgencia de la Contra (fuerzas guerrilleras anticomunistas financiadas y entrenadas por Estados Unidos). Ese conflicto desembocó en las elecciones de 1990, en las que el Frente Sandinista fue derrotado por la Unión Nacional Opositora, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro.
En 2007, Daniel Ortega y el FSLN regresaron a la Presidencia.
Desde entonces, Ortega ha permanecido en el poder en medio de denuncias de irregularidades electorales, así como de acusaciones de corrupción y represión formuladas por la oposición, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.
Para la oposición, la intención de impedir elecciones con participación opositora refleja el temor del oficialismo a perder el poder por falta de respaldo popular y apunta hacia la consolidación de un régimen de partido único e incluso de una dinastía política encabezada por la familia Ortega.
Durante años, el régimen mantuvo una fachada de democracia electoral que le permitió preservar relaciones con organismos internacionales y actores económicos regionales. Sin embargo, tras el aislamiento diplomático, las sanciones internacionales y el desmantelamiento de la oposición y de buena parte de la sociedad civil, la cúpula sandinista considera que mantener esa apariencia institucional ya no le ofrece beneficios políticos ni diplomáticos.
Para el dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, el mandatario ha buscado desde hace tiempo transformar a Nicaragua en un sistema de partido único, similar al de China, Corea del Norte y Cuba, ya que considera que las organizaciones políticas "dividen a las sociedades".
Claves que le han permitido a Daniel Ortega consolidar el poder
Reformas: Modificó la Constitución y diversas leyes para concentrar más poder en la Presidencia.
Reelección: Eliminó los límites a la reelección y ha permanecido en el cargo desde 2007.
Oposición: Encarceló, exilió o inhabilitó a aspirantes presidenciales y partidos opositores.
Instituciones: Consolidó el control del Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el organismo electoral.
Represión: Reprimió las protestas de 2018, en las que murieron más de 300 personas, según la ONU.
Libertades: Canceló organizaciones civiles, cerró medios de comunicación y retiró la nacionalidad a cientos de críticos.