Trato indigno a damnificados del 22 de abril
Hace 34 años, el 22 de abril de 1992, ocurrió la peor tragedia urbana en la historia de Guadalajara y una de las más graves en todo el país. Ese miércoles de Pascua, más de catorce kilómetros de colectores que corrían por diversas colonias del sector Reforma de Guadalajara explotaron por la acumulación de hidrocarburos en su interior. El saldo fue devastador: 210 muertos, según las cifras oficiales del Gobierno de Jalisco; 1,570 edificaciones dañadas, 100 escuelas afectadas y 600 autos con pérdida total. Tras la destrucción de una docena de barrios, muertes y heridos para miles de familias, siguió el calvario de los damnificados, primero para recibir ayuda y posteriormente para demandar el castigo a los responsables de las explosiones.
A 34 años de las explosiones, oficialmente no se cerró una causa judicial para llevar al banquillo de los acusados al verdadero responsable de la tragedia: Petróleos Mexicanos (Pemex) y los presidentes de la República, directores de la paraestatal y altos funcionarios que permitían un manejo descuidado y sin las debidas prevenciones de sus principales instalaciones.
La versión más consistente sobre lo ocurrido el 22 de abril de 1992 es que una gran fuga de gasolina de las instalaciones de Pemex en La Nogalera terminó en los drenajes y colectores bajo las calles del sector Reforma. Una combinación de fuga de hidrocarburos y la contención de sus vapores explosivos debido a las obras del túnel para la Línea 2 del Tren Ligero (en la Calzada Independencia) ocasionaron una serie de explosiones que detonaron el mayor desastre en la historia de Guadalajara.
La enorme indignación social que causaron las explosiones tuvo serias repercusiones en el sistema político jalisciense. Por un lado, aunque no se procesó al entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri por presunta negligencia durante la tragedia, sí se le obligó a dejar el cargo y, en su lugar, asumió la gubernatura de manera interina Carlos Rivera Aceves; pero tres años después, las explosiones del sector Reforma llevaron a la derrota del PRI en Jalisco, permitiendo la llegada del primer gobernador panista en Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez.
La presión social de los damnificados por las explosiones y el movimiento social de solidaridad que convocó lograron cambios políticos importantes, llevaron a algunos funcionarios de rango medio a la cárcel por corto tiempo y germinaron una politización de la sociedad civil que aceleró cambios sociopolíticos importantes en el Estado.
Sin embargo, a pesar de esta politización y de la digna lucha que desde entonces mantienen organizaciones de damnificados, como la asociación civil 22 de Abril en Guadalajara, que encabeza Lilia Ruiz Chávez, la justicia no ha llegado plena y completa para quienes padecieron las explosiones.
A pesar de que todos los gobiernos estatales, desde el 22 de abril, se han comprometido a apoyar y ofrecer ayuda médica y social a los damnificados por las explosiones, todos los años los lesionados deben pasar por el mismo reclamo: exigir que el gobierno cumpla con el financiamiento del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (Fiass) y que se les dé una atención médica digna.
Otra vez, este año, los damnificados organizados en la asociación civil 22 de Abril en Guadalajara volvieron a protestar por la falta de atención de las autoridades estatales, empezando por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien no atendió el llamado para asistir a la conmemoración de las explosiones ante la Estela contra el Olvido, en el jardín del templo de San Sebastián de Analco, uno de los barrios más afectados por las explosiones.
Como cada año, Lilia Ruiz cuestionó que el gobernador no ha cumplido su promesa de garantizar presupuesto para el Fiass y que se sigue retrasando tanto la entrega de medicamentos o de insumos como sillas de ruedas o prótesis necesarias para muchos de los damnificados por las explosiones.
Y como cada año, sigue faltando que el Gobierno federal y, en particular, el responsable último de la tragedia, Petróleos Mexicanos, dé la cara y asuma su responsabilidad en las explosiones que devastaron una zona importante de la ciudad. Si bien Pemex arrastra un historial de pasivos y tragedias ambientales (entre 2012 y 2024 acumuló 8,708 fugas, casi dos cada día), las explosiones del 22 de abril en Guadalajara son una de las contingencias más dolorosas y trágicas ocasionadas por la paraestatal. Es tiempo de que asuma su responsabilidad y es tiempo de que deje de darse un trato indigno a los damnificados.