Sinaloa, la respuesta de EU a la CIA en Chihuahua
Con la bomba mediática que detonó ayer Washington en México con la petición de arresto por sus nexos con el narco del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve figuras de la clase política, gubernamental y policial de aquella entidad, cuna de los capos históricos de México, respondió el gobierno de Donald Trump a los reclamos de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que la Casa Blanca aclarara qué hacían los agentes de la CIA operando sin permiso en Chihuahua, de la última semana y media.
Había planteado aquí que el factor Trump tenía que ser tomado en cuenta por el Gobierno mexicano para determinar la dosis y el tono de los reproches a la Embajada de EU y al gobierno panista de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA, que se descubrió por su muerte en un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua tras un operativo antinarco.
Pero, por lo visto, la postura no gustó desde el primer momento que reclamaron “empatía” a Sheinbaum por la vida de sus agentes y por el exabrupto de Trump de que México estaba “perdido” por las mafias. Ahora se entiende la filtración de la semana pasada al periódico Los Angeles Times, en el que se adelantaba que EU daría a conocer una lista de narcopolíticos mexicanos, y la presencia del embajador estadounidense en Sinaloa, donde Pacífico Mexinol, empresa de aquel país, anunció la inversión de 3.3 mil millones de dólares, y sin tomarse ninguna foto con el gobernador Rocha, advirtió que ese tipo de proyectos extranjeros no prosperarían sin un combate firme a la corrupción y a la inseguridad.
La ruta de Trump estaba tan definida, que su Gobierno ni siquiera reaccionó a la detención de Audias “N”, El Jardinero, considerado segundo al mando del cártel Nueva Generación, y por el que su gobierno ofrecía 5 millones de dólares, luego de que se le detuvo el lunes en Nayarit, al igual que a su operador financiero, César “N”, el Güero Conta, en Zapopan.
El gobierno de EU echó mano de toda la información que le han dado “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, para, sin la discreción ni las pruebas que exigen los acuerdos internacionales de extradición, fastidiar al dar a conocer ayer que desde el martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos había pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estas detenciones.
Por los antecedentes pasados y presentes del narco en Sinaloa y en México, por los señalamientos del propio Mayo de que el día de su extracción estuvo presente Rocha Moya, y por el asesinato de Gabino Cué ese mismo día, que la Fiscalía de Sinaloa quiso encubrir y que como gobernador nunca investigó, su caso es indefendible. Y su reacción ayer, como la de Enrique Inzunza Cázarez, senador sinaloense también acusado de narco por EU, de que ese “falso señalamiento” no es contra ellos sino contra la 4T y Andrés Manuel López Obrador, lejos de ayudar le complicaron más la situación a la Presidenta, que ayer dejó en manos de la FGR responder a este misil, con el argumento de que tendrán que revisar si esta petición de extradición contiene las pruebas de sus acusaciones, y la queja de haber divulgado que tuvo que ser confidencial entre ambos países.
Así, de la petición de explicaciones por el caso de la CIA en Chihuahua, que México exigía por la violación a la soberanía nacional, ni en la 4T se acordarán.