Rocha Moya: dos caminos
Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, podrían pasarse por alto y todavía la FGR tendría elementos para procesar al político morenista de 77 años.
Su breve regreso a la gubernatura y la nueva solicitud de licencia al cargo -tras el reclamo de Claudia Sheinbaum y figuras claves del morenismo- abren dos alternativas que metafóricamente están en sendos cajones del escritorio principal de Palacio Nacional.
El regreso deliberado de Rocha Moya fue un desafío para la figura presidencial y Estados Unidos. Una alternativa, la más dolorosa para la 4T, sería abrir el cajón con el expediente del mandatario sinaloense.
Las acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya por colaborar con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa tienen un “candado político” en México.
El pasado 8 de julio fue la última vez que Ernestina Godoy, titular de la FGR, habló sobre las investigaciones contra el mandatario sinaloense con licencia y otros nueve políticos.
En rueda de prensa, la fiscal aclaró que investigaba a Rocha Moya y otros nueve “únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos, no más delitos”. Sin embargo, hasta ese momento, dijo, no había pruebas de que hubieran cometido algún ilícito.
Eliminar esas cortapisas implicaría resolver hasta donde topen las investigaciones en torno al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enemigo político de Rocha Moya.
Tras estos hechos ocurridos hace dos años, la fiscal de Sinaloa, Sara Quiñónez, difundió la versión de que Cuén había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinera, versión refutada por la FGR al revelar que fue un videomontaje de la fiscalía local.
El corazón de una disputa bilateral con Estados Unidos por el traslado irregular de El Mayo a ese país nació en medio de mentiras y ocultamientos de la fiscal de Sinaloa, ¿sin que su jefe Rocha Moya estuviera enterado?
Quiñonez se separó del cargo para “no entorpecer las investigaciones”. Su salida, sin embargo, no destrabó nada: Rocha Moya continuó como mandatario y las indagatorias “avanzaron” sin avanzar.
La reciente detención de Fausto Corrales, político que acompañó a Cuén a esa reunión con el Mayo, y que dio una primera versión falsa de los hechos, puede convertirse en un punto de inflexión de la indagatoria.
¿Ir o no ir por Rocha Moya? Esa es la cuestión. Procesarlo implicaría una fractura en el discurso moralizador de la 4T que tendría que sacrificar a un hijo pródigo, cercano al fundador del movimiento: una impureza imperdonable para los fustes obradoristas.
La Presidenta tiene una segunda alternativa: abrir el segundo cajón de su escritorio, dentro del cual no hay nada, ningún pecado para expiar, ninguna culpa, sólo el exilio político de Rocha Moya, sin castigo.
El tiempo en el poder comienza a notarse. Las figuras incómodas, la corrupción y las complicidades con el crimen son una condición fatal de nuestro sistema político.
La falsa prédica obradorista de haber extirpado esa naturaleza empieza a pesar como una colonia cada vez más inocultable de termitas que socavan el corazón y los cimientos de la Cuarta Deformación de la República.